El youtuber Mr Beast se vuelve viral en redes tras criticas por haber grabado un episodio en Chichén Itzá y Calakmul
El caso del video de Mr Beast en zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Calakmul abre un debate necesario sobre el acceso privilegiado al patrimonio cultural de México.
En un comunicado el INAH y la Secretaría de Turismo aseguran que se siguieron los trámites y pagos estipulados por ley, la aparición de escenas en lugares normalmente restringidos y el involucramiento de altas figuras políticas plantean interrogantes sobre si el dinero y la fama pueden doblar reglas que son inflexibles para el ciudadano común.
¿Qué se requiere para grabar en una zona arqueológica?
Si estás interesado en fotografiar, filmar, videograbar con equipo especial y/o profesional, alguna de las zonas arqueológicas, monumentos históricos o museos que se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya sea que se encuentren abiertos al público o no, deberás solicitar la autorización correspondiente.
De acuerdo con el INAH, se debe pagar lo siguiente:
- Filmación y/o videograbación: Por día $15,334.00
- Tomas fotográficas: Por día $7,667.00
Estas cantidades están ajustadas de acuerdo al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. Cantidades actualizadas establecidas por la Ley Federal de Derechos para 2025. D.O.F. 30 de diciembre de 2024. Y las tarifas se encuentran establecidas en la Ley Federal de Derechos; Art. 288 D. El pago se hará en el momento en que sea entregado el permiso o autorización.
¿Influencia mediática como moneda de cambio?
Más allá de un simple video de entretenimiento, lo que aquí está en juego es el cuidado y la equidad en el acceso al patrimonio de todos los mexicanos. Que una figura extranjera logre acceder a zonas prohibidas o sensibles bajo el pretexto de promoción turística, mientras a investigadores, comunidades locales o visitantes comunes se les imponen estrictas limitaciones, revela una jerarquía de privilegios disfrazada de “colaboración institucional”.
Esto pone en duda la credibilidad de las autoridades culturales y pone en riesgo el respeto con el que se genera contenido de los patrimonios. Cuando la influencia mediática se vuelve moneda de cambio, las instituciones encargadas de proteger la historia, las creencias y la cultura parecen vulnerables a intereses personales y de marketing.
Este caso debe ser una oportunidad para repensar cómo se otorgan estos permisos, con qué fines, y sobre todo, a quién se le permite representar nuestra historia y en qué condiciones.
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