El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU) respondió a los cuestionamientos del gobierno de México y defendió su decisión de llevar la crisis de desapariciones del país ante la Asamblea General, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insistió este martes en que el informe tiene una orientación crítica contra su administración.
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Comité de la ONU defiende procedimiento de informe sobre desapariciones en México
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, aclaró que los órganos de tratados sí forman parte del sistema de Naciones Unidas y que su función es supervisar el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por los Estados, incluido México.
Además, en respuesta a los señalamientos del gobierno federal sobre la legitimidad del organismo, explicó que los integrantes del Comité son elegidos por los propios Estados parte y actúan con independencia, pero dentro del sistema de la ONU.
El Comité también defendió la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite llevar el caso ante la Asamblea General cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas.
Según el organismo, su decisión no fue dirigida a una oficina específica de la ONU, sino al máximo órgano deliberativo del sistema internacional:
“Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede: “[…] llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General”. Nuestra decisión publicada el pasado jueves no es una remisión o informe dirigido al @OACNUDH, sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, expuso el presidente del CED en su mensaje.
Asimismo, el Comité subrayó que su análisis no se limita a un periodo pasado, sino que evalúa la evolución de la situación desde 2012 hasta la actualidad.
Entre los datos señalados destacan:
- Más de 132,400 personas desaparecidas registradas hasta el 19 de febrero de 2026.
- Alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026.
- Un aumento constante sin tendencia a la baja en los casos reportados.
‘Desacuerdo legítimo, pero con respeto institucional’
El Comité señaló que el desacuerdo entre el Estado mexicano y el organismo internacional es legítimo, pero advirtió que la descalificación institucional resulta cuestionable.
También recordó que, de acuerdo con las directrices internacionales, los miembros de los órganos de tratados deben actuar con independencia y sin presiones de los Estados.
El organismo concluyó que el objetivo común debe centrarse en:
- Prevenir las desapariciones.
- Buscar a las personas desaparecidas.
- Investigar los casos.
- Erradicar el fenómeno.
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Sheinbaum insiste en críticas al informe
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo con el documento y aseguró que el Comité tiene “otra orientación” al plantear llevar el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
“El documento tiene otra orientación, de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México”, declaró la mandataria durante su conferencia “mañanera” de hoy 7 de abril.
Sheinbaum también cuestionó que el Comité esté actuando como parte formal de Naciones Unidas y sostuvo que el documento busca principalmente criticar al gobierno federal.
La presidenta ha reiterado que las desapariciones están relacionadas principalmente con la delincuencia organizada y no con una política de Estado, además de defender las acciones implementadas por su administración para atender la crisis.
“Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘Guerra Sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre (…) El Gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar este delito y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familias“, subrayó.
“No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito“, añadió.
Recientemente el Gobierno de México actualizó su censo de personas desaparecidas y sostuvo que 46,742 registros no cuentan con datos suficientes para iniciar una búsqueda. Además, indicó que 40,308 personas reportadas tienen actividad posterior a la denuncia por desaparición; solo 43,128 casos no los señaló con problemas de información insuficiente ni registros de actividad, por lo que se mantienen como desapariciones que requieren búsqueda activa.
La tensión entre el gobierno mexicano y el Comité de la ONU se intensificó luego de que el organismo considerara que las desapariciones en México podrían ser sistemáticas y generalizadas, lo que llevó a solicitar que el caso sea analizado por la Asamblea General de Naciones Unidas.



