San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas son los estados en donde trabajadores del Poder Judicial iniciaron el paro laboral; Jalisco y Zacatecas consideran sumarse
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores indefinido como protesta ante el recorte presupuestal para el 2025, así como por medidas que implementó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Tabasco, Chiapas y San Luis Potosí son tres estados que ya confirmaron el paro; en el caso de San Luis Potosí, los trabajadores del Noveno Circuito del PJF denuncian el recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto del 2025.
Por otro lado, el Décimo Circuito de Tabasco y el vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas tomaron esta decisión tras las medidas que comunicó el CJF, las cuales incluyen la disminución del 10% al 2% de la aportación patronal al Seguro de Separación Individualizado (Segsei) y al Fondo de Reserva Individualizada (Fori).
Los trabajadores judiciales también señalaron que ya no contarán con el seguro de gastos médicos mayores, que representa el 8% de sus ingresos a partir del 2026: «Sabemos que no vivimos en Dinamarca, que no tenemos el sistema de salud de Dinamarca, sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene medicamentos, el ISSTE, todas las dependencias de salud pública no tienen suficiencia presupuestaria para atender las necesidades (…)», señaló Lázaro Quevedo de la Cruz, trabajador judicial de Tabasco.
#VideoVT📹 Al grito de "No que no, sí que sí ya volvimos a salir", trabajadores del Décimo Circuito Federal, exigen respeto a sus prestaciones pic.twitter.com/dMPU63KdR8
— xevt – xhvt (@xevtfm) January 20, 2025
Tras determinar la suspensión de labores este martes 21 de enero los trabajadores de estos tres Circuitos esperan que estados como Zacatecas y Jalisco se sumen a esta medida, aunque realizaron una invitación a nivel nacional.
Jufed señala «asfixia presupuestal»
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF también se posicionó al respecto; «La JUFED denuncia enérgicamente la estrategia de asfixia presupuestal planeada y operada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, para recortar más de 13 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Esto afecta directamente la operatividad de los juzgados y tribunales federales, y por ende, el acceso de los ciudadanos que buscan la protección de sus derechos», señala en un comunicado.
En ese sentido, consideran que «este recorte se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales«.
En un apartado de su comunicado señalaron que la reforma judicial que se aprobó en septiembre de 2024 es inconstitucional y que el proceso de selección de cargos «ha demostrado estar colmado de vicios graves que abren la puerta a la compra de votos».
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