El gobierno mexicano descartó terrorismo en el uso de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reclasificara a delincuencia organizada el delito que se persigue en el ataque contra la policía comunitaria que dejó seis personas muertas, entre ellas dos personas que viajaban en el vehículo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo que el motivo del ataque no cumple las especificaciones nacionales ni internacionales para clasificar la explosión como terrorismo.
“Como sabemos, en la ley, tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales ya sea en territorio, trasiego de drogas, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera, entonces (la investigación) va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto”, dijo el funcionario en la conferencia de prensa mañanera.
A la rueda de prensa no acudió la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aunque estaba invitada en lo que sería su primera presentación con el cargo que asumió tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Apenas 24 horas antes, Sheinbaum pidió esperar las investigaciones para determinar el delito y solicitó a la FGR explicar la reclasificación.
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Apuntan contra el CJNG por ataque con coche bomba en Michoacán
La comunidad nahua de Santa Maria Ostula, que mantiene una policía comunitaria y que ha enfrentado a los cárteles durante varios años, acusó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) del ataque con coche bomba en Michoacán.
“Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los cárteles delincuenciales”, sostuvo en un comunicado.
La comunidad indígena sostuvo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no logrará la paz ni la justicia sin la desarticulación de las organizaciones criminales desde sus bases y en todas las zonas en las que operan, así como de la complicidad de instituciones y funcionarios corrupto.
“Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa”, señaló.
García Harfuch atribuyó el ataque a «una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación y otro que son Cárteles Unidos”.
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