El periodista Rafael “Lafita” León Segovia no fue vinculado a proceso por terrorismo, pero sí por su presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por lo que le dictó un año de prisión domiciliaria, informó la titular de la Fiscalía General de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
La funcionaria emitió un mensaje en el que no se permitieron preguntas, en la que detalló que un juez de control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos consideró que existen datos de prueba suficientes para continuar el procedimiento penal, pero únicamente por esos dos delitos, por lo que se descartó el de terrorismo.
Con la medida cautelar dictada, el periodista no podrá realizar sus labores habituales de reporteo.
«Esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso (…) En esa tesitura la Fiscalía General del Estado de Veracruz, reitera su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno”, dijo Jiménez Aguirre en su mensaje leído.
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El periodista de Rafael “Lafita” León denuncia fabricación de delitos de la fiscalía de Veracruz
Rafael León denunció que el caso en su contra se trata de una fabricación por parte de la fiscalía de Veracruz.
“Por un teléfono celular de un sujeto me quieren culpar, no quieren presentar ese testigo que tienen porque saben que se los comerían los abogados,” gritó León a periodistas que protestaban mientras era trasladado para su audiencia, esposa de pies y manos, a la Unidad Integral de Justicia, en Coatzacoalcos.
Tras la audiencia, el reportero se dijo feliz por la conclusión del juez, pero insistió que el caso se trata de una venganza en su contra por su labor periodística y que hubo irregularidades en su detención, realizada el pasado miércoles 24 de diciembre, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
«La fiscalía me odia, me detesta, por las cosas que he puesto«, dijo ya en entrevista con medios locales.
La organización Artículo 19 consignó que la acusación de la fiscalía veracruzana se sustenta, principalmente, en un “testigo protegido”, cuyas declaraciones fueron recabadas con múltiples irregularidades y son contradictorias.
«De forma inverosímil, las coberturas periodísticas de Rafael y la eficiencia con la cual hace su trabajo fueron argumentadas por la Fiscalía como supuestas ‘pruebas’ de hechos ilícitos. Aún más absurdo, se le imputa no reportar o denunciar a las autoridades el conocimiento que tiene de supuestos hechos delictivos«, expuso la organización.
La representación de la organización internacional sostuvo que se evidenció que la institución criminaliza la labor periodística. «Inculpando a Rafael por la información que le llega, a través de distintas fuentes de información, y sobre la cual reporta oportunamente. Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. Es decir, bajo el argumento de que Rafael ‘llegaba antes’ a cubrir la nota, la Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo».
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Artículo 19 critica criminalización
Artículo 19 exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga en el caso de Rafael, gestionando medidas de protección inmediatas para el periodista y su familia, «quienes se encuentran en riesgo en un contexto de reiteradas amenazas y persecución» y exigió a la Fiscalía General del Estado a «cesar la criminalización de la labor periodística y al Poder Judicial del Estado de Veracruz a garantizar condiciones mínimas de independencia e imparcialidad».
La organización agregó que en apenas veinte días los funcionarios de la FGE integraron y judicializaron la carpeta contra el periodista por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, pero solicitaron cuatro meses para la investigación complementaria.
«Destaca la diligencia y rapidez para encauzar investigaciones contra la prensa, en contraste con la capacidad para resolver los asesinatos de personas comunicadoras en la entidad federativa más letal para la prensa, casos que se mantienen en completa impunidad«, sostuvo en un comunicado.
