Gonzalo «N», el director Regional de Programas para el Bienestar en Santiago, Pinotepa Nacional, enfrenta una investigación por el delito de equiparado a la violación; la Fiscalía de Oaxaca cumplimentó una orden de aprehensión en su contra
Gonzalo «N» quien hasta hace un día se desempeñaba como el director Regional de Programas para el Bienestar en Santiago, Pinotepa Nacional, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca; al delegado lo investigan por abuso sexual.
Su detención ocurrió el primero de julio tras un operativo interinstitucional en el que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Gonzalo «N» hoy se encuentra a disposición de la autoridad judicial que se espera defina su situación en las próximas horas.
De acuerdo con la Fiscalía oaxaqueña, el delito de «equiparado a la violación» ocurrió el tres de agosto de 2024 en un inmueble en la Plaza de la Constitución en el municipio de Santiago Jamiltepec.
La víctima denunció la agresión sexual ante la Fiscalía estatal y a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, fue que obtuvieron una orden de aprehensión.
Más señalamientos contra Gonzalo «N»
Tras la detención del delegado de Bienestar en la región Costa de Oaxaca, el diario El Imparcial de Oaxaca reveló más información sobre acusaciones en su contra.
Pese a que la Fiscalía estatal únicamente cuenta con la denuncia por la que se le detuvo, Gonzalo «N» presuntamente utilizó «su posición de poder para someter a trabajadoras de la Delegación Bienestar a constantes actos de acoso sexual«, señaló este mismo diario.
Además de estos actos, también imponía condiciones laborales abusivas y aunque había denuncias informales, por miedo a represalias laborales no denunciaron formalmente.
Este mismo diario señaló que presuntamente las acusaciones ya eran de conocimiento de la responsable estatal de la institución, Nancy Ortega Cabrera, quien aparentemente desestimó los señalamientos y acusaciones, permitiendo que Gonzalo «N» continuara operando en su cargo.
En ese sentido, la negligencia y omisión por parte de las autoridades institucionales se posiciona una vez más sobre la discusión pública, pues su actuar ha puesto en duda la eficiencia de los mecanismos que existen para la protección de víctimas en casos como este, que requieren una atención con perspectiva de género.
