Los gobiernos federal y de las 32 entidades aprobaron el acuerdo nacional contra la extorsión, con el que se pretende unificar la respuesta a este delito, considerado por la presidenta Claudia Sheinbaum como el mayor reto en materia de seguridad para el próximo año.
“(Es) un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales«, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en la reunión realizada con la presidenta Claudia Sheinbaum y los mandatarios estatales y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, en Palacio Nacional, como parte de la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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El acuerdo contempla 11 puntos, entre ellos la armonización legislativa en las entidades que castiga la extorsión con hasta 42 años de cárcel, la creación y fortalecimiento de áreas especializadas en las fiscalías, así como el robustecimiento de la operación del 089 para mejorar los tiempos de respuesta y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de denuncia, investigación y persecución.
El también coordinador del Gabinete de Seguridad federal reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la extorsión es el delito que más afecta la percepción de la seguridad en el país.
“Yo creo que ese es quizá el reto más importante que tenemos para el próximo año y estoy segura que como hemos bajado los homicidios, pues también vamos a avanzar juntas y juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general”, sostuvo la presidenta en la reunión.
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A su vez, la fiscal Ernestina Godoy Ramos reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad se comprometió a fortalecer la coordinación con el Gabinete federal, a través de un plan de seis ejes: coordinación, fortalecimiento de las fiscalías estatales, nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia de Investigación Criminal y a la reorientación de recursos para la atención de delitos de alto impacto.
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