Patricia Molina declara que sus palabras fueron malinterpretadas
En los últimos días, la noticia de que el gobierno de Nicaragua ordenó la expulsión de sus monjas le dio la vuelta a varios portales web de noticias religiosas. Esto a raíz de una publicación de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina en la red social X:
«En estas semanas los puestos migratorios (frotera terrestre y aeropuerto) se verán con presencia de religiosas porque la dictadura les ha dado el ultimátum: ‘Tienen hasta diciembre para abandonar el país‘», escribió.
Diversos medios de comunicación tomaron la declaración de la autora del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?». Además, recordaron varios ejemplos de otros miembros religiosos que tuvieron que dejar el país, como el padre Asdrúbal Zledón Ruiz el pasado 29 de noviembre.
Por ello, ACI Prensa contactó a Molina para solicitar más contexto sobre el caso, a lo que ella declaró que la prensa malinterpretó su información. Aclaró que esta medida solo es contra «las congregaciones que fueron cerradas arbitrariamente por la dictadura sandinista cuando cancelaron mil 500 organizaciones».
¿A qué congregaciones pertenecían las monjas de Nicaragua?
«No es a todas las religiosas, porque continúan congregaciones religiosas que no han sido canceladas y continúan haciendo su trabajo. Las únicas perjudicadas son aquellas a quienes la dictadura les cerró la organización», declaró. Las monjas que deben dejar Nicaragua son de los grupos:
- Congregación Religiosa Madre del Divino Pastor
- Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús
- Misioneras Catequistas Lumen Christi
- Fundación Congregación de Jesús y María
- Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor
- Hermanas Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen
El pasado 19 de agosto, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, aprobó el Acuerdo Ministerial No. 38-2024-OSFL. En él se canceló la personalidad jurídica y registro de mil 500 organismos sin fines de lucro por no informar sus estados financieros desde hace 35 años. Por lo que el gobierno tomó posesión de sus inmuebles.
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