Será hasta el próximo 29 de abril que el juzgado determinará si conceden la suspensión definitiva a Aureoles; al exgobernador de Michoacán lo acusan de cuatro delitos
A casi dos meses de que se girara una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, éste obtuvo una suspensión provisional del Poder Judicial para evitar ser detenido.
Un secretario en funciones de juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal admitió el trámite que interpuso el exmandatario estatal en la Ciudad de México; además fijó una garantía de 52 mil pesos que Aureoles Conejo deberá pagar máximo el lunes 28 de abril.
Con esta suspensión provisional, Aureoles Conejo evita que cualquier orden de aprehensión o arresto en su contra pueda ejecutarse incluso aunque en el procedimiento penal pudiera imponérsele la prisión preventiva justificada.
Será hasta el próximo martes 29 de abril que el juzgador definirá si le concede a Aureoles la suspensión definitiva, con lo que el exgobernador de Michoacán mantendría su libertad hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Acusaciones contra el exgobernador de Michoacán
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al Silvano Aureoles Conejo de los delitos de: administración pública fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En estos delitos se involucran a cuatro exfuncionarios del exgobernador perredista, quienes ya obtuvieron vinculación a proceso.
- Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas.
- Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública.
- Mario Delgado, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
- Elizabeth Villegas, exfuncionaria de Seguridad Pública.
La FGR sostiene que estos cinco exfuncionarios del gobierno michoacano causaron un daño patrimonial de tres mil 400 millones de pesos, pues presuntamente adquirieron cuarteles de la Guardia Civil a sobreprecio.
Dichos cuarteles se encuentran en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan y Uruapan.
A los hoy exfuncionarios se les vinculó a proceso por una adjudicación directa de contratos a favor de la Inmobiliaria DIP SA. de C.V que ocasionaron el desfalco.
A partir de ese momento, la jueza a cargo del caso otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, los cuales se mantienen en curso.
