La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputó formalmente a OCESA y a la empresa Servicios de Seguridad Privada Lobo por su presunta responsabilidad en la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival AXE Ceremonia 2025, realizado en el Parque Bicentenario.
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Imputan a OCESA y a Servicios Lobo por caso AXE Ceremonia
La familia de Berenice Giles confirmó la noticia. Informaron que el Ministerio Público otorgó a ambas empresas la calidad de imputadas el 14 de enero de 2026, y les comunicó esta notificación oficialmente el 20 de enero.
La imputación se da tras más de nueve meses de litigio, en los que la familia denunció omisiones, encubrimiento y violencia institucional por parte de la Fiscalía capitalina.
De acuerdo con el pronunciamiento público de la familia, el avance fue posible gracias a resoluciones judiciales que evidenciaron irregularidades en la actuación ministerial.
La primera ocurrió el 15 de octubre de 2025, cuando la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros concedió una suspensión definitiva al advertir que la Fiscalía estaba evadiendo imputar a OCESA y a la empresa de seguridad, ordenando que se revisara nuevamente la investigación.
Ese mismo día, la jueza de control Adriana Ivett Morales Chávez instruyó a la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados Peralta a apartarse de prácticas ilegales y a reconocer a OCESA y a Servicios Lobo como imputadas dentro del proceso.
Posteriormente, el 7 de enero de 2026, el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos reiteró que la Fiscalía tenía la obligación legal de investigar a todas las personas físicas y morales denunciadas y emitir una determinación conforme a derecho.
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Familia denuncia intento de desacreitar el proceso judicial
La familia de Berenice Giles denunció que, pese a este avance, existen intentos por desacreditar el proceso judicial y revertir la suspensión definitiva, con el objetivo —afirman— de realizar una audiencia inicial sin incluir a las empresas organizadoras y responsables de la seguridad del festival, a pesar de que han presentado más de 30 datos de prueba.
“No nos rendiremos”, señaló la familia, al subrayar que continuará su lucha para que todos los involucrados —organizadores y responsables de la seguridad— asuman su responsabilidad legal y moral por el hecho que derivó en la muerte de su hija durante el evento musical.
El caso AXE Ceremonia se ha convertido en un referente sobre la exigencia de justicia, la rendición de cuentas de grandes empresas de espectáculos y el derecho de las víctimas a una investigación imparcial y efectiva.
