El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens, en la Riviera Nayarita por estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido a ciudadanos estadounidenses.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la dependencia anunció la disposición a Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en México, así como de cinco personas y 17 empresas asociadas con esta red, que operan en Puerto Vallarta, Jalisco y sus alrededores, identificado por las autoridades estadounidenses como bastión estratégico del CJNG.
Esta determinación forma parte de un operativo estratégico contra las fuentes de financiamiento del cártel, al que el gobierno de Estados Unidos señala como organización “terrorista brutalmente violenta” que ha generado sus ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible.
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¿Qué es Kovay Gardens?
Era conocido como un complejo de lujo ubicado en una zona privada de Bahía de Banderas, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, al noroeste de Puerto Vallarta.
Durante años operó bajo el nombre de Vallarta Gardens y comercializó esquemas de tiempo compartido dirigidos principalmente a turistas estadunidenses y canadienses.
Ofrecía amenidades como el restaurante El Faro Grill, el restaurante La Palma, gimnasio, alberca frente a la playa, jacuzzi al aire libre, bar y cabañas privadas.
¿Por qué Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens?
La investigación fue coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en Nueva York, con participación del FBI, la DEA, la oficina de investigación criminal del IRS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros trabajó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
El Departamento del Tesoro aseguró que Kovay Gardens operaba a través de centros de llamadas en México, donde operadores que hablaban inglés contactaban a propietarios estadounidenses de tiempo compartido para ofrecer supuestas reventas, rentas o inversiones.
Las víctimas eran convencidas de pagar “cuotas” e “impuestos” por adelantado mediante transferencias internacionales a cuentas mexicanas, recursos que nunca se recuperaban.
De acuerdo el FBI, entre 2019 y 2023 unas 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido en México.
Explicó que en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones.
No obstante, consideró que el monto podría ascender debido a que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza, entre otras razones.
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¿Qué respondieron las autoridades mexicanas?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en coordinación con autoridades de EU, reforzaron acciones contra la red vinculada al CJNG.
La Unidad de Inteligencia Financiera en México incorporó a siete involucrados adicionales (seis personas físicas y una moral) a la Lista de Personas Bloqueadas, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
La secretaría de Hacienda informó que ha desarrollado diferentes análisis financieros, fiscales y corporativos acerca de los señalados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos mediante tarjetas y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.
Agregó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cómo alertaron de la estafa?
El Departamento del Tesoro indicó que, desde aproximadamente 2012, el Cártel Jalisco Nueva Generación recibió alertas sobre estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas. El móvil incluía estafas de salida o reventa, realquiler e inversión, con un patrón común: el pago anticipado de cargos inexistentes.
Las autoridades también alertaron sobre esquemas de “revictimización”, en los que los estafadores se hacían pasar por abogados o funcionarios gubernamentales para exigir nuevos pagos bajo la promesa de recuperar fondos perdidos.
Según datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras un aviso conjunto con OFAC y FBI, registró más de 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con este tipo de fraude, que identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en actividades supuestamente vinculadas.
