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RSF advierte deterioro en seguridad y presión judicial contra el periodismo en México

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Periodistas se manifestaron por las recientes agresiones que sufrieron colegas suyos en los municipios de Motul y Kinchil, a manos de policías.
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Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó su informe anual sobre el Índice Mundial de la Libertad de Prensa, en el que el país avanzó dos posiciones para ubicarse en el lugar 122; sin embargo, pese a este resultado, el periodismo en México sigue siendo considerado uno de los más peligrosos de ejercer en el mundo.

Esta consideración responde a factores como el deterioro en la seguridad, indicador con más peso para calificar , además del acoso judicial y el indicador legislativo.

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México como el país más letal para el periodismo

El director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Artur Romeu, señaló que México se ha estancado en niveles «muy preocupantes», aunque subió dos lugares de la tabla general al colocarse en la posición 122 de entre 180 países, en comparación con el año anterior en el lugar 124.

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Durante una conferencia virtual, Artur Romeu aseguró que este avance en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa responde al deterioro más acelerado de otros países.

El representante explicó que en cuanto al deterioro del entorno legal, el país ha retrocedido en ese indicador legislativo en los últimos años, al pasar de 65.79 en 2022 a 57.26 en 2026.

Para este indicador legal que toma en cuenta el entorno jurídico y legislativo en el que trabajan los periodistas como el nivel de censura, capacidad de proteger a las fuentes, y la impunidad de la violencia contra los periodistas, el avance en la tabla no derivó de alguna legislación en al materia, sino más bien por una presión de jueces o procesos judiciales contra medios y periodistas, quienes sienten más riesgo de demandas, investigaciones o castigos legales.

Romeu dijo que el acoso judicial, demandas y procesos como mecanismos de presión se consideraron como un factor de riesgo para el ejercicio periodístico.

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Resultados del índice 2026

Al presentar los resultados del Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, señaló que en 2025 fueron asesinados nueve periodistas en México. Además, indicó que, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, suman 12 comunicadores asesinados.

El reporte recordó que desde 2010 se han registrado más de 150 asesinatos de periodistas en el país, una cifra que muestra que la violencia contra periodistas en México sigue ocurriendo de manera constante y forma parte de un problema grave y arraigado.

En cuanto a la seguridad de los comunicadores en México, el estudio reveló que sigue gravemente comprometida debido a los vínculos entre funcionarios locales y estructuras criminales, lo cual no solo amenaza directamente a reporteros y medios, sino que debilita al sistema judicial en conjunto.

La organización agregó que los periodistas que cubren crimen, corrupción o política local suelen ser primero advertidos, luego amenazados y con frecuencia asesinados. Otros son secuestrados, desaparecen o se ven obligados a huir dentro o fuera del país para sobrevivir. 

Recomendaciones para el periodismo en México

El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, considera que en México es urgente garantizar la seguridad de la prensa, debido a que en diferentes estados del país «están empeorando las cosas”.

Artur Romeu, señaló que en cuanto a los mecanismos de protección México cuenta con una de las estructuras más desarrolladas de la región plasmadas en la Constitución, «pero con fallas graves en la práctica».

“Si bien, en México la libertad de prensa está garantizada en la Constitución y respaldada por la ley sobre libertad de imprenta de 1917 y no existen normas abiertamente restrictivas que censuren de forma directa a los medios, en la práctica, el uso de herramientas legales impulsa la censura indirecta”, indica el informe. 

Recordó que al menos 10 periodistas que estaban bajo protección estatal fueron asesinados, evidenciando las deficiencias profundas que hay en cuanto al análisis de riesgo, la implementación de medidas y en la capacidad real del Estado para prevenir agresiones.

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