El gobierno de Michoacán solicitó una condena de 12 años de prisión contra Raúl Meza Abonce, un activista de 27 años que participó en las protestas realizadas tras el asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
La administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostiene que Meza no participó únicamente como manifestante, sino que habría formado parte de una acción colectiva, organizada y violenta, bajo un supuesto “plan común” y con división de funciones para atacar la sede del Ejecutivo estatal.
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¿De qué acusa el gobierno de Michoacán a Raúl Meza Abonce?
El gobierno estatal se incorporó como coadyuvante de la Fiscalía de Michoacán en el proceso penal por sabotaje y, de acuerdo con el documento presentado ante un juez de control —el cual fue difundido en redes sociales—, plantea una teoría de responsabilidad colectiva conocida.
En el documento, la autoridad sostiene que los hechos ocurridos durante las protestas no pueden considerarse únicamente como una manifestación social, pues habrían implicado una actuación coordinada para impedir el funcionamiento de las instituciones públicas y provocar daños al patrimonio estatal.
La acusación señala que los participantes habrían actuado mediante una división de funciones y que, para atribuir responsabilidad a una persona, no sería necesario demostrar que ésta causó personalmente cada uno de los daños.
El documento desarrolla precisamente el concepto de dominio funcional del hecho, bajo el argumento de que varias personas pueden realizar conjuntamente un plan delictivo mediante la distribución de funciones. También señala que, en el caso del sabotaje ejecutado colectivamente, la conducta puede desarrollarse mediante acciones coordinadas.
El gobierno de Michoacán sostiene además que durante las protestas hubo daños a bienes públicos, uso de objetos incendiarios y acciones que habrían puesto en riesgo a personas y al patrimonio histórico del estado.
Raúl Meza, uno de los rostros de las protestas por Carlos Manzo
Uno de los elementos que ha cobrado relevancia en el caso es que Meza fue uno de los manifestantes que ingresó al Palacio de Gobierno, tomó una bandera, salió y la ondeó desde el balcón del recinto durante las protestas.
Su abogado, Carlos Escobedo, considera que esa participación visible contribuyó a que el activista quedara en el centro de la investigación penal.
De acuerdo con infromación de El País, la defensa sostiene que Meza salió a protestar por el hartazgo generado por la violencia y por experiencias personales relacionadas con la inseguridad, ya que, de acuerdo con su abogado, el hermano del activista y la novia de éste fueron asesinados en hechos separados ocurridos en 2023.
Meza enfrenta el rpoceso en libertad y su defensa considera desproporcionada la acusación, al cuestionar que se le atribuya responsabilidad por daños derivados de una acción colectiva.
La defensa enfrenta además un recurso de amparo con el que busca frenar el proceso penal.
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Además de los 12 años de prisión, ¿qué más pide el gobierno de Michoacán?
La solicitud del gobierno de Michoacán no se limita a la pena de prisión.
La administración estatal pidió también la suspensión de los derechos políticos de Raúl Meza durante 12 años y una reparación integral por los daños ocasionados al Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el documento oficial que sustenta la acusación, la reparación solicitada asciende a 1,370,000.00, correspondiente a daños en el inmueble, mobiliario, equipo de cómputo, puertas, cristales, bienes históricos y otros elementos afectados.
La siguiente fecha relevante será el 3 de septiembre, cuando está prevista la audiencia intermedia. En ella se determinará qué pruebas podrán incorporarse a un eventual juicio.
