Desde enero de este año, las fiscalías de las 32 entidades tienen que reportar los casos de tentativas de feminicidio que se registren en su demarcación, dato que contribuye a analizar la violencia contra las mujeres e implementar políticas de atención a las sobrevivientes de ese delito.
Este cambio, según explicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), permitió desagrupar los datos sobre este y otros delitos que antes quedaban indistintamente en la categoría “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”.
Estos datos son relevantes porque son los que usan los gobiernos para evaluar los resultados en materia de seguridad y presentar avances en ese rubro, y se usan también para el diseño de las políticas para prevenir el delito.
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Sin embargo, en los primeros siete meses con esta medida, seis entidades no registraron un solo caso de este tipo penal. Estas son Baja California Sur, Durango, Tlaxcala, Estado de México y Sinaloa.
De ellas, estas últimas dos son particularmente llamativas, pues ambas son las dos entidades con mayor incidencia de feminicidios en el país. Además, distintos medios de comunicación han registrado casos de este delito a lo largo del año.
Expertas consultadas por Ruido en la Red explicaron que estos registros son atípicos ante los registros de alta incidencia de violencia contra las mujeres en esas entidades.
“Es muy común, no es nada ajeno, desafortunadamente, y tampoco es un secreto, que las fiscalías en su gran mayoría reporten otro tipo de delitos por temas de incidencia. Si estás reportando feminicidios, lo ideal no es reportar las tentativas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues con las lesiones dolosas se vayan en lugar de tentativa, porque evidentemente también hasta de política criminal es muy fuerte hablar de tentativas (de feminicidio), pero no de lesiones dolosas”, dijo la abogada Leslie Jiménez Urzúa.
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Explicó que otra posibilidad puede ser que con el avance de la investigación, estos delitos puedan reclasificarse en caso de que se hallen elementos para considerarlos como agresiones por motivos de género.
“Una de las problemáticas que advierten mucho las fiscalías es cómo acredita una tentativa a partir del tema de género. Pero realmente no es una gran problemática, porque el tipo penal es muy claro, Estamos ante feminicidio, no por un tema de criterio de la autoridad, sino porque hay siete fracciones, cuerpo expuesto, lesiones infamantes, violencia sexual, incomunicación, etcétera. Entonces, si estás viendo que el delito no se consumó, pero se vieron alguna de estas hipótesis, la autoridad tiene que investigar a partir de estos elementos”, resaltó.
En tanto, Ana Yeli Pérez, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), mencionó que muchas veces estos delitos terminan por registrarse en otros tipos penales, como lesiones dolosas, violencia familiar, o violencia de género, aunque posteriormente pueden reclasificarse.
En ese sentido, ambas entidades coinciden en tener un mayor registro de mujeres víctimas de lesiones dolosas que de hombres, algo que también resulta atípico en las estadísticas oficiales del SESNSP.
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Sinaloa y Estado de México también registran un mayor número de mujeres víctimas de lesiones dolosas que de hombres, en contraste con la mayoría de las entidades.
Además, Pérez explicó que la falta de registro de casos de tentativas de feminicidio no sólo afecta en la el registro de la incidencia delictiva, sino que invisibiliza a las sobrevivientes en las políticas públicas y la atención por parte de las autoridades.
“Nos hemos enfocado en visibilizar el feminicidio, las muertes violentas de mujeres, pero de alguna manera han quedado invisibles las mujeres que sobreviven a esa violencia y que tienen incluso secuelas muy terribles. En términos de salud, quedan en condiciones de discapacidad, digamos, el trauma y todo lo que implica sobrevivir a un feminicidio. Además de enfrentarse al sistema de justicia donde son revictimizadas. Entonces, todo eso también ha quedado invisibilizado”, advirtió.
Para esta revisión, consultamos a las fiscalías del Estado de México y Sinaloa para saber si tenían alguna explicación sobre estos datos, pero hasta ahora no recibimos respuesta de su parte.
El pasado 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, para homologar en todo el país los mecanismos de investigación y de las sanciones para ese delito.
Con ello, se busca homologar en todo el país la forma de actuar por parte de las fiscalías al respecto de este delito.
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Activistas advierten descuido por alza de violencia contra las mujeres en Sinaloa
El alza en el número de víctimas de violencia feminicida en Sinaloa derivó en que diversas colectivas feministas de la entidad se manifestaran el pasado 3 de agosto en el palacio de gobierno estatal en Culiacán, donde pintaron cruces rosas en el piso para recordar a cada una de las víctimas y protestar por la incidencia elevada de feminicidios en la entidad.
Desde el segundo semestre de 2025 y durante los primeros seis meses de 2026, el número de víctimas de feminicidio en la entidad tuvo un incremento muy marcado, lo que llevó a la entidad a ser la de mayores registros por este delito, algo que no pasaba desde hace 9 años.
En todo 2017, Sinaloa registró 84 víctimas de feminicidio, la segunda mayor cantidad en el país, sólo detrás de Veracruz, con 100 casos en todo el año pero tuvo la mayor tasa del país, con 5.43 víctimas por cada 100 mil habitantes, la mayor desde que se tiene este registro en el país en 2015.
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Pero las colectivas sumaron otros problemas como los cambios en el gobierno, particularmente en la Secretaría de las Mujeres, que han derivado en la falta de atención a las víctimas de violencia y el abandono institucional. Por ejemplo, Cristina Tortolero, de Amapas del Norte, una de las agrupaciones que participó en la manifestación del pasado 3 de agosto, señaló que en el sexenio dicha instancia ha tenido tres titulares, lo que ha derivado en falta de continuidad en la atención de las mujeres y seguimiento a los programas.
El cargo lo ocupó María Teresa Guerra de octubre de 2021 a agosto de 2024; luego fue el turno de Ana Francis Chiquete, de entonces a junio de 2026. Actualmente, Brenda Rocío García es la titular de la dependencia.
“Entran pues nuevas personas con la nueva administración. Y por ejemplo, a las víctimas que recibían un seguimiento psicológico, les cambian de psicólogas cuando ya tienen un proceso avanzado, les cambian de abogadas, entonces las abogadas es como ‘Ah, bueno, hay que empezar de nuevo con tu caso’. Y pues ya te imaginarás que este proceso no ha sucedido una vez, ha sucedido varias veces”, dijo a Ruido en la Red.
