Al menos siete transfeminicidios fueron documentados en México durante julio de 2026, lo que ha encendido nuevamente las alertas de activistas por la ola de violencia que enfrenta la población trans en un país en el que además del incremento de estos crímenes, persisten problemas como la falta de registros oficiales, la revictimización y el borrado de la identidad de género de las víctimas durante las investigaciones, según han advertido organizaciones como el Observatorio de Letalidad Anti-trans (OLAT) y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT).
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De acuerdo con información periodística y registros de organizaciones civiles, los casos más recientes han ocurrido en Baja California, Ciudad de México, Sonora, Guerrero, Michoacán y Chihuahua. Este es el recuento de ellos.
Los casos de transfeminicidio registrados durante julio de 2026
16 de julio: Vega Mojarro, una mujer trans de entre 45 y 50 años, fue localizada sin vida el 16 de julio a un costado de un canal de riego en el Valle de Mexicali, en Baja California. Presentaba signos de violencia extrema y fue identificada un día después por integrantes de su familia social gracias a sus tatuajes.
La Comunidad Arcoiris de Baja California (CABC) exigió a la Fiscalía General del Estado (FGEBC) investigar con perspectiva de género y con enfoque en derechos humanos el posible transfeminicidio.
El 17 de julio una mujer trans fue hallada sin vida en su domicilio de la Unidad Habitacional Infonavit Piloto, en la alcaldía Coyoacán. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una investigación por feminicidio y posteriormente —el 22 de julio— fue detenido un hombre en la alcaldía Gustavo A. Madero, acusado por este caso y señalado también por el delito de robo.
Ese mismo fin de semana, Queta Palafox, una adulta mayor identificada con ese nombre por mujeres trans, fue asesinada en la alcaldía Iztapalapa. Colectivos denunciaron que el crimen presentó signos de violencia. Además, Victoria Samano, mujer trans y fundadora de la organización LLECa Escuchando la Calle acusó que la carpeta de investigación no había sido atraída por el área especializada de feminicidio de la fiscalía capitalina.
20 de julio: También fue reportado el asesinato de Samantha Rivas, quien fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en Sonora. Su caso fue incluido por activistas entre los cuatro transfeminicidios registrados en un periodo de siete días, situación que motivó un llamado urgente para reforzar la protección de las mujeres trans.
El 22 de julio fue asesinada con un arma blanca una joven mujer trans de 18 años en Iguala, Guerrero. Colectivos locales exigieron que el crimen fuera investigado como transfeminicidio y reclamaron justicia para la víctima.
Un día después —el 23 de julio— se informó el asesinato de una mujer trans que era creadora de contenido bajo el nombre “La Chakira de Cotija”. El crimen fue perpetrado en Michoacán y dacuerdo con los primeros reportes, fue víctima de un ataque directo por parte de hombres que viajaban a bordo de motocicletas, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.
29 de julio: en los últimos días del mes fue localizada sin vida una mujer trans, identificada como Luisa de 24 años de edad, en el municipio de Jiménez, Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado la joven murió por traumatismo craneoencefálico.
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OLAT y CAIT alertan por la violencia contra mujeres trans
El incremento de casos durante julio llevó al Observatorio de Letalidad Anti-trans (OLAT) y al Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) a emitir una nueva alerta.
De acuerdo con ambas organizaciones, al menos 18 mujeres trans habían sido asesinadas en México durante 2026 —cifras reportadas hasta el 23 de julio—. Además, señalaron a Agencia Presentes que existe un patrón de violencia caracterizado por el alto grado de saña, la exposición de los cuerpos en espacios públicos —como zonas pluviales— y el frecuente borrado de su actividad laboral como trabajadoras sexuales.
También denunciaron que el Estado mexicano continúa sin generar estadísticas oficiales diferenciadas sobre estos crímenes, lo que dificulta dimensionar la violencia que enfrenta la población trans y limita el acceso a la justicia.
