¿Qué tienen en común una mina, un megaproyecto energético y una zona de nueva construcción? Para la Ibero, pueden formar parte de la misma maquinaria: una estructura de despojo que, entre 2017 y 2024, estuvo vinculada con 1,139 proyectos extractivos en México y que también dejó violencia contra quienes defendieron sus territorios.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) advierte que el despojo territorial en México no ocurre únicamente por decisiones aisladas o vacíos legales, sino que detrás de los proyectos que afectan a comunidades y ecosistemas existe una estructura que combina mecanismos legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos.
Te recomendamos leer: Caso Berta Cáceres: asesinato de ambientalista era ‘previsible y evitable’, concluye GIEI Honduras
En su segundo informe, Entre el despojo y las apuestas por la vida. La maquinaria del extractivismo en México (2017-2024), el OCSA analizó 4,667 notas publicadas entre 2017 y 2024. A partir de esta revisión identificó 1,139 proyectos extractivos vinculados con algún tipo de conflictividad socioambiental en los 32 estados del país.
La cifra representa un incremento de 47% respecto al corte anterior del observatorio, que había contabilizado 775 proyectos hasta 2021. La Ibero aclara que este aumento no significa necesariamente que los proyectos hayan crecido en esa misma proporción, sino que hubo un mayor número de casos documentados en la prensa analizada.
¿Cómo opera el despojo territorial en México?
De acuerdo con el informe, la maquinaria del extractivismo funciona mediante cuatro tipos de mecanismos: legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos.
Los mecanismos legales incluyen normas, concesiones, decretos y otros instrumentos administrativos que pueden facilitar la apropiación de los territorios bajo una apariencia de legalidad. Entre ellos están las Manifestaciones de Impacto Ambiental y otros procedimientos que, de acuerdo con el OCSA, pueden reproducir desigualdades entre empresas, autoridades y comunidades.
Además, los mecanismos institucionales, en tanto, aparecen mediante permisos, omisiones, discrecionalidad de las autoridades, autorizaciones ambientales y sanitarias, así como consultas a comunidades que pueden presentar irregularidades.
Uno de los ejemplos más claros está en las consultas libres, previas e informadas a pueblos indígenas. De 227 proyectos ubicados en territorios indígenas en los que debía realizarse este procedimiento, el OCSA no encontró registro de consulta en 133 casos, equivalentes a 58.6%. Mientras que sde los 94 proyectos donde sí se documentó una consulta, en 85 —90.4%— el observatorio identificó que ésta operó como un mecanismo para legitimar el despojo.
Además, al revisar 290 eventos de consulta, el informe encontró irregularidades en 70.3% de ellos; en 25.2% hubo omisiones denunciadas por las comunidades y sólo 4.5% fueron identificados como procesos de defensa territorial.
Empleos, otra vía para dividir a las comunidades ante despojo
El OCSA también identificó mecanismos socioeconómicos. Estos incluyen empleos temporales, subcontratación, programas de desarrollo y acciones de responsabilidad social empresarial que pueden generar dependencia económica, administrar el descontento o provocar divisiones dentro de las comunidades.
El informe plantea que estas estrategias pueden contribuir a fabricar condiciones de consentimiento alrededor de los proyectos extractivos, al tiempo que modifican las relaciones económicas y sociales de los territorios.
La investigación cita, por ejemplo, proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, donde las promesas de empleo e ingresos por la renta de tierras contribuyeron a la aceptación de algunos proyectos, pero también generaron conflictos y fragmentación comunitaria.
También puedes leer: Sergio Oceransky no es procesado; defensor denuncia intento de criminalización
Amenazas, criminalización y asesinatos
El OCSA alertó que cuando los mecanismos anteriores no son suficientes, aparecen los mecanismos coercitivos, que incluyen amenazas, hostigamiento, criminalización, judicialización, represión, desapariciones y asesinatos de personas defensoras del territorio.
Entre 2017 y 2024, el obseratorio documentó 107 personas defensoras asesinadas y 24 desaparecidas en casos relacionados con proyectos extractivos.
El informe también encontró 52 proyectos asociados con desplazamiento o migración forzada. Entre las causas documentadas están la tala ilegal, actividades agroindustriales, desalojos, violencia armada y destrucción de medios de subsistencia.
La Ibero señala que el problema podría ser todavía mayor debido a que México no cuenta con un registro oficial que permita dimensionar a las personas desplazadas específicamente por causas socioambientales.
La hiperurbanización
Uno de los hallazgos que amplía la discusión sobre el extractivismo es que éste no se limita a la minería, los hidrocarburos o los megaproyectos energéticos.
La hiperurbanización encabeza la clasificación del OCSA, con 420 proyectos, equivalentes a 35.1% de los tipos de extractivismo identificados. El fenómeno incluye proyectos que disputan suelo, agua, espacios públicos y patrimonio biocultural, incluso dentro de las ciudades.
En total, 853 proyectos presentaron al menos una afectación documentada: 614 tuvieron impactos sociales y 607 ambientales. Estas categorías no son excluyentes, por lo que un mismo proyecto puede provocar daños tanto ambientales como sociales.
El OCSA advierte que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a una administración; por ello, las conclusiones apuntan a una estructura institucional que trasciende administraciones y en la que las leyes, las instituciones, los intereses económicos y los mecanismos de coerción pueden contribuir a facilitar el despojo territorial.
Te puede interesar: Defensa del territorio pone en riesgo a los pueblos indígenas: documenta más de 100 desapariciones
Comunidades también resisten
Frente a los proyectos extractivos, las comunidades no aparecen únicamente como víctimas. El informe documentó 3,734 acciones colectivas, entre ellas asambleas, amparos, movilizaciones, denuncias y redes de defensa territorial.
Para el OCSA, estas acciones muestran que las comunidades también construyen estrategias para defender sus territorios, formas de vida, conocimientos y vínculos comunitarios.
El informe plantea que para desmontar esta maquinaria sería necesario, entre otras medidas, reconocer oficialmente el desplazamiento socioambiental, revisar el régimen de concesiones y consultas y garantizar una protección efectiva para las personas defensoras del territorio.
