El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) oficializó la expropiación del edificio de Cuba 11 en favor de sus habitantes, quienes habían sido desalojados del lugar y que habían resistido en el sitio mediante un plantón.
Este caso podría marcar un precedente para la capital del país y para las personas que han sido víctimas de despojo.
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La CDMX aprueba expropiación de Cuba 11
La oficialización de la expropiación de Cuba 11 se anunció en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante un decreto firmado por la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada.
El inmueble fue expropiado en favor del Instituto de Vivienda (Invi) de la CDMX, con el objetivo de mejorar los centros de vivienda en favor de la población.
Así, el organismo capitalino será el encargado de establecer el programa de vivienda para las personas que habitaban el inmueble y que fueron desalojadas en agosto de 2025.
Además, el gobierno de la capital será el encargado de indemnizar a la persona propietaria del edificio.
«El Gobierno de la CDMX, a través del Invi, pagará la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación, previa acreditación de su interés jurídico», detalla el decreto.

Y el monto será determinado por un avalúo realizado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cuba 11 marca precedente en la CDMX
El caso de Cuba 11 puede marcar un precedente en la Ciudad de México, ya que es el primer inmueble que es expropiado en razón del derecho a la vivienda y no por algún riesgo en la estructura del mismo.
A la par, abre las puertas a que personas que han sido despojadas de inmuebles que habitaban los puedan recuperar, a través de esta figura.
El edificio fue construido hace casi 100 años en el Centro Histórico de la Ciudad de México y era habitado por alrededor de 70 familias, en su mayoría adultos.
El dueño de Cuba 11 falleció en 1992 sin dejar herederos. Dicha situación fue aprovechada por particulares para seguir cobrando renta y servicios.
En 2017, la persona que cobraba la renta inició un juicio para apoderarse del inmueble. Además, lo vendió hasta en tres ocasiones. Posteriormente llegó al desalojo.
El 27 de agosto de 2025, alrededor de 70 personas fueron desalojadas del lugar, mediante un grupo de civiles resguardados por policías. Así, 19 departamentos y ocho locales se quedaron sin propietarios.
El patrimonio de las familias quedó en la calle y fue desde ese momento en el que montaron un campamento al exterior del edificio. Desde entonces, iniciaron una batalla jurídica para recuperar el inmueble.
Finalmente, en julio de 2026, el gobierno de la capital del país aceptó expropiar el inmueble, hecho que se concretó este 17 de septiembre tras el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX.


