Por Jackie Campbell
Un grupo de víctimas de la violencia y masacre en Allende, Piedras Negras y el norte de Coahuila se congratularon con el gobierno de Estados Unidos por hacer justicia y buscar una condena para los líderes Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales por la masacre perpetrada contras sus hijos, hermanos o padres en marzo del 2011. “El Estado mexicano nos ha fallado en hacer justicia, en la reparación del daño y en la no repetición”, afirmó una de las integrantes de las familias afectadas.
Agradecen al gobierno de Estados Unidos por hacer justicia de hechos ocurridos en México y hacen un reclamo al gobierno mexicano al que acusan de estar coludido con el narcotráfico, no actuar en consecuencia y solo ofrecer falsas esperanzas a víctimas de diferentes violaciones de Derechos Humanos. Desde que los victimarios de sus familias están en Estados Unidos, ellas se sienten un poco más tranquilas.
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Familiares de víctimas de masacre en Allende exigen cumplimiento al Estado mexicano
Silvia Eugenia Garza Villarreal, quien perdió a 19 miembros de su familia en estos hechos, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum que ordene a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reparar el daño pagando a las víctimas y sobrevivientes de esta violencia, como lo estipula la Ley.
“Ahora le toca a México hacer algo, que es cumplir y pagar, así lo marca la ley. Pedimos que la Presidenta exija a la CEAV realice bien y justamente el trabajo para las víctimas que tienen años solicitando justicia expedita, dado el gran daño cometido por la autoridades en todos niveles por la pérdida de la vida de nuestros familiares, pérdidas materiales y daños a nuestras vidas que quedaron marcadas para siempre, por una masacre que pudo ser evitada si la autoridad hubiera respondido a los llamados de auxilio”, precisó Garza Villarreal.
Añadió que el partido Morena prometió ser el cambio y “queremos verlo”. Recordó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mandó, en 2019, a su Secretaria y Subsecretario de Gobierno Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, respectivamente, a dar una disculpa pública de parte del Estado Mexicano y ofrecer la garantía de cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 10VG/2018 en donde se reconoce la responsabilidad, la impunidad y la omisión de las autoridades en la Masacre de Allende, “y es fecha que no han cumplido”.
“Queremos que las leyes se cumplan, que los organismos respondan verdaderamente porque las garantías por los Derechos Humanos han sido una mera simulación, dicho con mayúsculas. Es un engaño para el mundo entero que México cumple; México no sólo no cumple sino que está engañando diciendo que hace justicia a las víctimas que han dejado a pie, y sólo piden prórrogas y dan excusas y mentiras para dilatar el cumplimiento de su deber, eso hace la CEAV”, concluyó.
Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, quienes ordenaron los crímenes masivos en la región norte de Coahuila debido a la traición de algunos de sus colaboradores, fueron extraditados a Estados Unidos (EU) en febrero de 2025. Los fiscales de EU sumaron a los cargos por narcotráfico y lavado de dinero, los asesinatos que presuntamente cometieron en México, debido a que ahora también son acusados de pertenecer a organizaciones terroristas.
Otra de las sobrevivientes de la masacre, y quien solicitó el anonimato, hizo un “llamado a las autoridades mexicanas de todos los órdenes de Gobierno para que cumplan las leyes”, y agregó: “Es lamentable que en el caso de la Masacre de Allende, en marzo se cumplen 15 años de impunidad total, con hechos reconocidos como violaciones graves a Derechos Humanos, pero que ni el gobierno estatal ni el federal en 2011 y tampoco a la fecha, pudieron garantizarnos el derecho a la vida, la seguridad, la libertad, la propiedad privada”, afirmó.
Destacó que se está violentando el acceso a la justicia, porque el gobierno es el principal obstaculizador junto con sus dependencias como la CEAV. “Son los verdugos de las víctimas, en este caso concreto, peleando para no llevar a cabo la reparación integral del daño, dilatando los procesos, sin poder hacer un justo dictamen de reparación integral del daño. El Gobierno de México es un simulador de los Derechos Humanos. Sin reparación no hay justicia. Es una burla que tenga que intervenir el gobierno de EU, como lo estamos viendo en las recientes notas que conciernen al caso, mismas que destapan las entramadas redes de corrupción e impunidad”, concluyó.
“México tiene que tener congruencia si quiere respeto a su soberanía; no puede permitir que sea otro país el que le resuelva los problemas”, afirmó otra de las víctimas que prefiere guardar su anonimato por miedo a represalias tanto de las autoridades como de integrantes de las mafias que gobiernan el territorio. “La Masacre de Allende es un ejemplo muy evidente del Estado fallido y corrupto que hasta hoy sigue operando México. Tenemos más de 14 años tratando de que nuestro país se responsabilice en nuestro caso dando justicia, reparación y no repetición por los daños que dejó su incompetencia y coalición con el crimen organizado”, apuntó.
“Sólo crean organismos fachada como el CEAV para aprovechar los presupuestos, justificar su desinterés y avaricia disfrazado de burocracia. La sangre de nuestros seres queridos clama por justicia”, finalizó esta tercer mujer integrante de las familias masacradas.
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Amparo para acceder al derecho de reparación del daño
Debido a que la CEAV no ha cumplido con las recomendaciones que ordenó la CNDH, un grupo de víctimas directas de la violencia en Allende tuvo que recurrir a un amparo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumpla con su derecho a la “Reparación del Daño”, consecuencia de la violación de las obligaciones del Estado, entendiendo por reparación integral al conjunto de medidas que tienen por objeto restituir o compensar el bien lesionado para las sobrevivientes de las familias involucradas, lo que va más allá de un principio, pues se trata de un derecho en sí mismo.
Ante la falta de respuesta de las instituciones, este grupo de víctimas presentó un amparo en el mes de diciembre del 2022 y lo ratificó el 21 de marzo de 2023. Quedó registrado bajo el número 440/2023, ante la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, Jueza de Distrito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Jesús González Schmal, abogado de este grupo, informó que en agosto de 2024, la jueza falló a favor de las familias y ordenó a la CEAV ejecutar la reparación en un plazo de diez días. No obstante, la propia Comisión impugnó la sentencia, prolongando aún más el calvario de las víctimas.
Fueron los propios directivos de la CEAV quienes interpusieron un recurso de revisión para el aplazamiento de la sentencia. El recurso de revisión sería analizado en segunda instancia por un panel de tres magistradas o magistrados que deberían emitir un fallo en un plazo de tres meses. Sin embargo, la “Reforma Judicial” frenó todo lo avanzado en el juicio y ahora las o los nuevos jueces necesitan nuevos plazos para conocer, revisar y atender el caso. De esta manera las víctimas tienen fe en el juicio que se celebrará en Estados Unidos, pero la justicia para ellas en México, se aleja cada día más.
