La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene plenas facultades para atender las quejas y reclamaciones relacionadas con los servicios que ofrecen las escuelas privadas.
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¿Qué resolvió la SCJN sobre las escuelas privadas?
La decisión de la Corte derivó de un litigio que se prolongó durante una década, luego de que una escuela privada impugnó una multa impuesta por la Profeco tras negarse a asistir a una audiencia de conciliación.
Al analizar el caso, la SCJN concluyó que cuando un plantel cobra una contraprestación por brindar servicios educativos existe una relación de consumo, por lo que la Profeco tiene atribuciones para proteger los derechos de madres, padres de familia y estudiantes.
De acuerdo con la Procuraduría, es la primera ocasión en que la Suprema Corte se pronuncia expresamente sobre este tema, cerrando la puerta a que las instituciones educativas privadas aleguen que la autoridad no puede intervenir en este tipo de controversias.
¿Qué puede hacer la Profeco?
La Profeco recordó que desde 1992 ha participado en procedimientos de conciliación con escuelas particulares por conflictos relacionados con:
- Cobros o cuotas no contempladas en los contratos.
- Requisitos extraordinarios para la titulación.
- Incumplimiento de las condiciones ofrecidas a los consumidores.
- Falta de información clara sobre costos y servicios.
Además, la dependencia puede verificar que las escuelas informen de manera transparente sus colegiaturas, tarifas, términos y condiciones, así como sus políticas de cancelación, y vigilar que la prestación del servicio educativo no esté condicionada de manera indebida.
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¿Qué recomienda la Profeco?
La Procuraduría también recordó que mantiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para compartir información cuando detecte posibles incumplimientos administrativos o regulatorios en escuelas particulares.
Finalmente, recomendó a quienes busquen inscribir a sus hijos en un colegio privado comparar distintas opciones, aclarar todas las dudas sobre los costos y servicios, y verificar que el plantel cumpla con la legislación vigente antes de firmar cualquier contrato.
