Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos
Versiones contradictorias, reclamos de familiares de las víctimas, marchas del sector minero, despliegue de más de mil efectivos de las fuerzas de seguridad, localización de fosas clandestinas y cuatro detenidos de una organización criminal, son el saldo del mes transcurrido desde la desaparición de catorce trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, sin que hasta la fecha las autoridades hayan informado con claridad sobre las causas del hecho, ni sobre la identidad de los autores materiales e intelectuales.
El 23 de enero fueron desaparecidos diez trabajadores mineros del campamento La Clementina, propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp en Pánuco, un poblado serrano del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Ese mismo día, en una zona cercana de la misma comunidad, y en distintos puntos, otros cuatro mineros empleados de la constructora CICAR —contratada por la empresa— fueron subidos por la fuerza a camionetas cuando se dirigían a las instalaciones de la trasnacional para iniciar su jornada laboral. Originarios de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Durango, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, hasta la fecha cinco trabajadores han sido localizados sin vida, y el resto permanecen desaparecidos.
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La región donde ocurrieron los hechos es disputada por dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, como parte de la guerra interna que mantienen en el estado desde septiembre de 2024, que ha dejado más de 2,400 víctimas y cerca de 1,500 personas desaparecidas. La zona en la que opera la trasnacional canadiense y otras mineras más pequeñas es conocida como el Cinturón de Plata del oeste mexicano, pues concentra grandes vetas del metal, pero ha sido poco explorada debido al dominio del territorio que ejercen las organizaciones criminales. A Los Chapitos se atribuye el control sobre la extracción ilegal de minerales y la extorsión del sector en el corredor minero de Sinaloa y Sonora.
En enero de 2024, Vizsla Silver Corp inició la exploración de 30,000 hectáreas de tierras ubicadas en Concordia como parte del proyecto Pánuco; según el estudio de factibilidad de la empresa, se construirán dos minas subterráneas, denominadas Copala y Napoleón. Se prevé que produzcan oro y plata, y tengan una capacidad de procesamiento de 3,300 toneladas diarias los tres primeros años, y 4,000 a partir del cuarto año. El proyecto tiene una duración inicial de 9,4 años y un costo de 496.7 millones de dólares. El director en México de la trasnacional es Hernando Rueda, geólogo con más de veinte años de experiencia y actual presidente del Clúster Minero de Sinaloa.
Los mineros que permanecen desaparecidos son Francisco Antonio Esparza Yañez, ingeniero y gerente de Relaciones Comunitarias de 67 años; Saúl Alberto Ochoa Pérez, ingeniero de 39 años; Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, guardias de seguridad, ambos de 40 años, y Miguel Tapia Rayón, encargado de seguridad de 56 años. El grupo también incluye a Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, y otros tres trabajadores de CICAR de los que no ha trascendido el nombre.
En una fosa clandestina de un predio ubicado en la comunidad de El Verde, localizada a menos de una hora de Mazatlán, fueron hallados los cuerpos de los mineros Ignacio Aurelio Salazar Flores, geólogo de 40 años; José Manuel Castañeda Hernández, geólogo de 43 años; José Antonio Jiménez Nevarez, coordinador operativo de seguridad de 34 años; Jesús Antonio De La O Valdez, ingeniero en ecología de 36 años, y José Ángel Hernández Vélez, ingeniero de 37 años.
Familiares de las víctimas, organizaciones acompañantes y excontratistas han denunciado públicamente la falta de información y las omisiones de las autoridades estatales y federales en el caso, así como la falta de garantías para salvaguardar la integridad de los trabajadores por parte de la minera canadiense ante la inseguridad que existe en la región.
Estas son algunas claves para entender qué ha sucedido en torno a la desaparición de los trabajadores mineros a un mes de los hechos.
Inseguridad y negociación con grupos criminales
Pese a que no hay denuncias formales de la trasnacional canadiense sobre hechos de inseguridad previos a la desaparición de los catorce mineros, Vizsla Silver Corp suspendió actividades por lo menos una vez, en 2025, a causa de la inseguridad.
“Vizsla Silver Corp anuncia que, por precaución, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en el proyecto Pánuco debido a las actuales condiciones de seguridad en la zona”, informó la empresa en un comunicado publicado en su página oficial el pasado 4 de abril.
Apenas un mes después, la minera anunció en un nuevo comunicado que, “con las condiciones de seguridad ahora normalizadas en la región”, se reanudaban las labores del proyecto.
Incluso con estos antecedentes, las autoridades federales descartaron tener conocimiento de una situación de inseguridad relacionada con la minera. “En este caso específico, no hemos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el 10 de febrero durante la conferencia «mañanera».
En contraste, extrabajadores y familiares de los mineros desaparecidos denunciaron tener conocimiento e incluso haber sido testigos de balaceras, sobrevuelo de drones, rondines de personas armadas, así como extorsión y acuerdos entre grupos criminales y representantes de la minera desde hace por lo menos un año.
Excontratistas, que por seguridad pidieron anonimato, señalan recurrentes hechos de inseguridad alrededor del proyecto Pánuco, como enfrentamientos entre los cárteles que se disputan el territorio, y la presencia de personas armadas cerca del campamento y de la mina —distantes alrededor de 20 kilómetros—; sin embargo, las quejas y recurrentes manifestaciones de preocupación de los trabajadores fueron minimizadas por la trasnacional.
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Aseguran también que, como parte de las presiones de Los Chapitos —grupo criminal que, según García Harfuch, controla esta región de Sinaloa—, en 2025 se obligó a la minera a cambiar el color de los chalecos y cascos de naranja a amarillo, con el fin de poder identificar a los trabajadores mineros y evitar que pudieran ser confundidos con integrantes de cárteles. Además, sostienen que, como parte de la negociación, la trasnacional paga mensualmente una suma de dinero, conocida como “cobro de piso”, para mantener las operaciones del proyecto.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), que reúne 130 empresas, el 97 por ciento de los afiliados que respondieron a una encuesta de seguridad patrimonial reportaron haber sido víctimas de algún delito, principalmente robo hormiga, extorsión, robo de material y extracción ilegal. Aunque menos recurrente, también se reportó secuestro.
Indiferencia de las autoridades
Cinco días después de la desaparición de los mineros, cuando el hecho se convirtió en noticia nacional, fueron enviados a la zona más de mil efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Fuerzas Especiales; la misión incluía tres helicópteros artillados y dos aviones T-C6 Texan, junto con tecnología especializada para rastrear su ubicación.
En los primeros días se dio a conocer el hallazgo de algunas pertenencias de los trabajadores desaparecidos, como chalecos, cascos, gafetes, una computadora y celulares.
El 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el hallazgo de una fosa clandestina en un predio de El Verde, de la que se recuperaron al menos diez cuerpos. Tres días después se identificó a cinco de los mineros.
A menos de dos kilómetros de distancia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa localizó otras cuatro fosas, con una osamenta cada una. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.
Tras estos hallazgos, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa denunció que, durante meses, advirtieron sobre la existencia de fosas en la zona. “Lo que hoy se anuncia como un hallazgo, pudo haber ocurrido hace mucho tiempo si las autoridades hubieran escuchado”, señalaron en un comunicado. Fueron meses de indiferencia, agregaron: “los familiares señalamos este punto y pedimos la intervención de las autoridades locales y de la Comisión de Búsqueda. Su respuesta fue el deslinde, asegurando que ‘no era de su competencia’”.
Exigieron también a la FGR que les entregue “toda” la información sobre los hallazgos. “Ya nos fallaron las autoridades locales; no permitiremos que la federación nos oculte la verdad”.
El colectivo Por las Voces sin Justicia, que también ha solicitado a las autoridades que informen sobre el número de fosas localizadas en El Verde y las diligencias realizadas, colocó el 19 de febrero varias lonas en el perímetro de seguridad del área en que se realizan los trabajos, a la cual no hay acceso. “El Verde NO es solo un punto en el mapa. Es una zona donde se siguen encontrando restos y donde las familias seguimos exigiendo respuestas”, publicaron.
Versiones contradictorias
De acuerdo con la información entregada a los familiares de los mineros desaparecidos en la primera reunión que mantuvieron el 7 de febrero en la Ciudad de México con autoridades federales, la principal línea de investigación de la FGR estaba relacionada con un incremento en el cobro de piso por parte de Los Chapitos.
Días después, el 10 de febrero, García Harfuch dio a conocer que el Ejército había detenido a cuatro presuntos integrantes de una célula de la organización criminal, que habrían participado en la desaparición de los trabajadores. En ese momento, la versión inicial cambió.
García Harfuch aseguró que, tras las pesquisas y las primeras declaraciones de los detenidos, quienes no han sido identificados, los mineros habían sido desaparecidos por haber sido confundidos con integrantes de Los Mayitos.
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“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad [de los mineros], lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones”, dijo García Harfuch.
Esta versión ha sido rechazada por los familiares de las víctimas, pues además de que los ingenieros y el personal técnico contaban con uniformes y credenciales que los identificaban como trabajadores de la minera, al menos diez fueron sacados por la fuerza de sus viviendas, ubicadas dentro del campamento La Clementina.
Falta de información
La falta de información en torno a las indagatorias ha sido un señalamiento recurrente de los familiares de las víctimas, quienes no solo han denunciado el silencio de las autoridades sino de la minera Vizsla Silver Corp.
En los primeros días transcurridos después de la desaparición, ninguna autoridad se acercó a las familias, incluso llegaron a negarse a levantar denuncias por haber ocurrido el delito en un estado distinto al lugar de origen de la víctima.
Fue hasta la primera semana de febrero cuando la FGR atrajo el caso y los familiares se pusieron en contacto con la dependencia para exigir información. Tras reunirse en la Ciudad de México con las autoridades, las familias de los diez mineros desaparecidos en La Clementina fueron trasladadas a Sinaloa al día siguiente para reconocer los cuerpos localizados en la fosa de El Verde. El 10 de febrero fueron citados los familiares de los cuatro trabajadores de CICAR desaparecidos para informarles sobre los avances del caso y comunicarles que el delito no fue integrado a la misma carpeta de investigación de los mineros de Vizsla Silver Corp.
Entre las omisiones de las autoridades destaca el caso del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, quien realizaba su residencia profesional con la empresa CICAR. Además de que las autoridades de Oaxaca tardaron tres días en levantar la denuncia de desaparición, su caso no está integrado en la carpeta de investigación junto con el resto de los mineros, pues la FGR considera que los cuatro trabajadores de la constructora pudieron ser víctimas colaterales, al haber sido interceptados y desaparecidos en lugares distintos al campamento.
El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que la dependencia acompaña a la familia y ha solicitado información del caso a la FGR sin recibir respuesta.
Además, el 12 de febrero, tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de cinco mineros en una fosa clandestina, la trasnacional canadiense informó en un comunicado que estaba tomando medidas para apoyar a las familias. “Vizsla Silver sigue centrada en apoyar a las familias afectadas y mantener una estrecha colaboración con las autoridades competentes mientras continúan los esfuerzos. Vizsla Silver está en contacto directo con las familias afectadas y les proporciona asistencia práctica y financiera, así como acceso a servicios de apoyo”.
Esto fue desmentido por familiares. “Es totalmente falso, es una burla; no se ha acercado nadie con nosotros”, dijo un pariente de uno de los mineros localizados sin vida, que por seguridad pidió anonimato.
Familiares de los mineros que permanecen desaparecidos denunciaron en entrevista con este medio la intención de las autoridades de cerrar el caso tras el hallazgo de los trabajadores asesinados, incluso algunas les han ofrecido “apoyos”, sin necesidad de trámites, para cubrir sus necesidades. Aseguran también desconocer cómo ha sido la colaboración de la trasnacional con las autoridades y los avances en la búsqueda.
Movilizaciones y reclamos del sector minero
Tras estos hechos, por primera vez en la última década el sector minero salió a las calles.
Trabajadores, familiares, colegas y universitarios de nueve estados mineros —Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero—, salieron a las calles el 14 de febrero para exigir justicia por sus compañeros asesinados y la localización de quienes permanecen desaparecidos; además, denunciaron la violencia que enfrentan, con retenes falsos en los que son despojados de sus herramientas y constantes extorsiones. Algunas de las consignas que se escucharon fueron: “Los mineros merecemos volver a casa” y “¡Fue extorsión, no confusión!”.
“La minería no puede normalizar la violencia ni la ausencia del Estado de derecho. No puede haber desarrollo, inversión ni sostenibilidad donde el miedo sustituye a la inseguridad y donde el trabajo honesto se paga con incertidumbre”, señaló la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) en su página de Facebook.
Durante el último mes han sido públicas las denuncias del sector minero. “Este lamentable hecho no es aislado. La inseguridad que enfrentamos diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente”, afirmó en un comunicado emitido el 4 de febrero un conjunto de organizaciones del sector.
Pero en la reunión que sostuvieron el 16 de febrero líderes de la Cámara Minera de México con autoridades para abordar la inseguridad que enfrentan, no denunciaron extorsiones. Solicitaron, según la presidenta Sheinbaum, una mayor comunicación, y una relación más directa con el gabinete federal.
“Hubo una reunión donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país con el Gabinete de Seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Así fue la reunión; eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar”, dijo la presidenta en la conferencia mañanera.
Llamado internacional
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió el 2 de febrero la Acción Urgente número 2220/2026 por la desaparición del ingeniero oaxaqueño Pablo Osorio Sánchez y de otros diez mineros.
El caso llegó al comité por solicitud del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas de Oaxaca (Cedhapi), que pidió la intervención del organismo para que el Estado mexicano implemente medidas para localizar a los trabajadores.
“Mientras se encontraba en una llamada con su novia, la comunicación se interrumpió tras escucharse voces masculinas y un vehículo acercándose, cortando la llamada, desde entonces se desconoce su paradero. Por fuentes externas, se tiene conocimiento que tres compañeros de Pablo que laboraban en la empresa CICAR también fueron desaparecidos simultáneamente. Ese mismo día, de manera simultánea, al menos diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver también desaparecieron en circunstancias similares, lo que ha generado preocupación nacional e internacional por la posible colusión entre agentes estatales y grupos criminales en la zona”, sostiene el Cedhapi en un comunicado.
La organización señala que, desde hace veinte años, existe presencia del crimen organizado en el municipio de Concordia, y desplazamiento forzado en las comunidades, sin que ningún gobierno, estatal o federal, lo haya combatido.
El comité de la ONU solicita al Estado mexicano implementar una estrategia integral e inmediata de búsqueda e investigación, con cronograma y plan de acción; explorar todas las hipótesis, incluyendo la posible participación de agentes estatales; realizar entrevistas y análisis de redes telefónicas y sociales de las víctimas; preservar y analizar registros de videovigilancia en la zona, y garantizar la participación y acceso a la información de los familiares, así como la localización con vida de las víctimas, entre otras acciones.
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Las autoridades mexicanas debieron informar sobre las medidas adoptadas a más tardar el 16 de febrero, según la solicitud del comité, y mantener la colaboración hasta esclarecer el paradero de las personas desaparecidas. Hasta la fecha no se ha informado si hubo una respuesta del Estado ni si se ha entregado información tanto al organismo como a los familiares del ingeniero y de los trabajadores.
A un mes de la desaparición de los mineros, las familias mantienen su exigencia a las autoridades de que continúe la búsqueda, así como la identificación de los otros cuerpos localizados en las fosas de El Verde.
Esta contenido es producido bajo el permiso de A dónde van los desaparecidos y se puede consultar en Un mes sin respuestas: Seis claves sobre la desaparición de los mineros en Sinaloa.
