Organizaciones civiles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) levantan la voz a tres años del presunto homicidio de Ángel Manuel Moreno, en un DIF de Nuevo León, pues denuncian que el caso sigue impune y las autoridades han tardado en aceptar las recomendaciones emitidas por las graves violaciones a los derechos humanos del menor.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Tejiendo Redes Infancia Diversas y La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), recuerdan a Ángel Moreno, de 14 años, un niño con discapacidad «cuya vida fue injustamente truncada mientras estaba bajo el cuidado del DIF Nuevo León», argumentan en un comunicado conjunto.
Las organizaciones exigen al gobierno de Nuevo León deje de obstruir la investigación y esclarezca las irregularidades que rodearon la muerte de Ángel, pues explican que esta negativa «muestra la complicidad criminal de funcionarios de alto nivel que borraron evidencias y cremaron ilegalmente el cuerpo de la víctima».
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¿Qué pasó con Ángel Manuel en un DIF de Nuevo León?
Fue el pasado 9 de febrero de 2022, cuando ocurrió el fallecimiento de Ángel. Su caso es relevante debido a las irregularidades en torno a su deceso, principalmente por la inmediata decisión de cremar su cuerpo sin informar a la fiscalía del estado. Cabe mencionar que Ángel Manuel estaba bajo la responsabilidad del DIF desde que él tenía cuatro años de edad.
Los hechos se hicieron públicos el 16 de febrero y fue hasta el viernes 18 de febrero de 2022 que las autoridades informaron que había fallecido tras padecer diversos malestares estomacales y un choque séptico, además de asegurar que contaba con supervisión del médico de guardia, sin explicar por qué no se trasladó al hospital de emergencias.
El caso de Ángel comenzó cuando fue trasladado al DIF Fabriles como castigo por su participación en la toma de una sección de DIF Capullos. La tarde del domingo 28 de noviembre de 2021, Ángel junto a otros adolescentes denunciaron malos tratos dentro del lugar. Ante el enojo de los directivos del DIF y las amenazas públicas que los niños tendrían «consecuencias por sus actos de vandalismo».
Debido a esto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) estableció medidas precautorias sobre estos hechos a fin de evitar cualquier acto en contra de la integridad física y seguridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en resguardo, protegiendo efectivamente sus derechos humanos, a fin de que no les sean transgredidos.
Ante la presión nacional e internacional para investigar la muerte, la fiscalía del estado confirmó que el niño Ángel Moreno fue víctima de una agresión que le ocasionó graves daños, lo mantuvieron en agonía por más de 15 horas, no fue trasladado al hospital, se cremó su cuerpo de forma inmediata sin notificación oficial, se buscó borrar evidencias y ocultar públicamente el homicidio. La fiscalía logró la aprensión del enfermero Francisco “N” por la agresión directa y solicitó la captura de dos funcionarios vinculados al ocultamiento de evidencias.
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¿Por qué la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una recomendación?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) investigó el caso y emitió una recomendación pues declaró que lo ocurrido fue un crimen de Estado. La recomendación señala una cadena de responsabilidades que incluye omisiones, encubrimiento y violencia institucional.
Entre las acciones recomendadas por la CEDHNL se encuentra la formación de un Grupo de Trabajo Interdisciplinario dedicado al monitoreo constante de las condiciones de las niñas y niños en las instalaciones del DIF, la creación de memoriales en honor a Ángel Moreno para fomentar la remembranza y la reflexión, y la implementación de garantías de no repetición para asegurar que tragedias de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir.
De acuerdo con declaraciones de las organizaciones civiles, el gobernador Samuel García rechazó la recomendación y hasta hoy se ha negado a asumir responsabilidades pues sigue protegiendo a los presuntos responsables. Actualmente, Miguel Ángel “N” quien tenía responsabilidades directas sobre el albergue es diputado federal y, junto con Mauricio Miguel “N”, exfuncionario del DIF, están amparados para evadir la justicia. Solo el enfermero que cometió la agresión directa permanece detenido.
¿Qué exigen las Organizaciones civiles?
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Tejiendo Redes Infancia Diversas y La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), solictan al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y al DIF de este estado, hagan público si aceptaron la recomendación y muestren constancias del cumplimiento; que la Fiscalía informe avances y líneas de investigación sobre responsabilidades institucionales.
Además, que que se obstruyan las líneas de investigación de todas las personas implicadas; se implementen medidas de protección para denunciantes, personas trabajadoras y defensorías; y que el Congreso local active la comisión de seguimiento del caso y revise el marco legislativo para fortalecer la supervisión independiente y protección integral de las infancias en los espacios de cuidados alternativos.
«Ahora tenemos la llave para lograr justicia para Ángel y abrir el candado de la impunidad, se requiere de la voluntad política de actores clave a nivel nacional y estatal, además de sostener la acción ciudadana. Lo que está en juego no es únicamente un expediente: es la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado», señalaron en un comunicado conjunto.
En voz de Tania Ramírez, Directora Ejecutivo de REDIM, se pronuncian por la exigencia de justicia, «exigimos la aceptación de las recomendaciones, que las personas que fueron señaladas no se mantengan en la impunidad y la investigación dé con los responsbales y estos encuentren su castigo, es un mensaje que se debe de enviar a toda la niñez, a toda la adolescencia de este país, especialmente a quienes están institucionalizados».
