El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y por unanimidad la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual se topan las pensiones en el sector público a un máximo de la mitad del salario de la titular del Ejecutivo, es decir, aproximadamente 70,000 pesos mensuales, en organismos descentralizados y de empresas públicas del Estado, como PEMEX, CFE y Luz y Fuerza.
Con esta reforma al Artículo 127 constitucional se eliminan las «pensiones doradas», como la de un exsubdirector de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quien recibe mensualmente 1,009,106 pesos; ahora con la entrada de esta iniciativa la pensión quedaría en 70 mil pesos al mes.
Sin embargo, se excluye de ese límite las pensiones a las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.
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¿Qué busca la reforma a las pensiones doradas del sector público?
Con esta determinación, se estima que ninguna pensión podrá ser mayor al 50% del salario que percibe el titular del Poder Ejecutivo, por lo que el máximo monto sería de alrededor de 70 mil pesos, y con ello podría haber un ahorro de unos 5 mil millones de pesos anuales para el erario.
Durante la discusión, el senador morenista Óscar Cantón Zetina señaló que con la reforma aprobada se pondrá en orden el sistema de jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos.
«No se trata de eliminar pensiones, se trata de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno. Simple y llanamente buscamos evitar que existan pensiones y jubilaciones desproporcionadas, financiadas con recursos, con dineros que pertenecen al pueblo de México. El diagnóstico que sustenta esta reforma es contundente. Existen miles de personas recibiendo pensiones estratosféricas», dijo el legislador.
También, el senador Saúl Monreal explicó que en México el promedio del monto de una pensión oscila entre 6,676 y 8,400 pesos mensuales, pero en el sector público existen casos donde se pagan pensiones que van desde 340 mil hasta un millón de pesos, lo cual representa hasta un 140 % más del promedio de una pensión que recibe la mayoría de la población mexicana.
La propuesta fue aprobada con 116 votos a favor y por unanimidad.
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¿Qué opinó la oposición?
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, enfatizó que el monto debió fijarse en Unidades de Medida y Actualización y no en el salario de la presidenta. Además, cuestionó por qué no se incluyó a las y los ministros de la Suprema Corte en esta reforma, por ello dijo que «solo se hace uso faccioso de la mayoría legislativa para una narrativa político-electoral».
Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano, comentó que es necesario analizar el tema de la retroactividad, pues consideró que “sí cambian las reglas del juego cuando ya inició el partido». También, condenó que se excluyera a las Fuerzas Armadas y a ministros del Poder Judicial.
