Un crimen de Estado; a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre de 2014 fue testigo de un crimen de Estado; la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Ayotzinapa pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, un caso que cumple 10 años sin resolverse y sin obtener justicia.
El caso
Con motivo de asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, día de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en la Ciudad de México (CDMX), estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero se trasladaron a la ciudad de Iguala para «tomar» algunos autobuses en donde viajarían más compañeros.
Una vez que los estudiantes ya tenían en su posesión dos autobuses más iniciaron su viaje; sin embargo, elementos de la policía municipal de Iguala los detuvieron y abrieron fuego en su contra.
Dicho ataque sorprendió a los normalistas, pues en todo momento se identificaron como estudiantes y recalcaron que no portaban armas. A pesar de ello, la agresión continuó, dejando un muerto en el lugar.
Después de momentos de tensión e incertidumbre, la agresión se detuvo, sin embargo, los elementos policiacos privaron de su libertad a un grupo de ellos y posteriormente abandonaron el lugar.
De acuerdo con múltiples declaraciones, los estudiantes que permanecieron en los autobuses lograron comunicarse con más compañeros en Ayotzinapa quienes en ese momento se trasladaron a Iguala para brindar apoyo. Asimismo, mantuvieron contacto con un pequeño grupo de periodistas que cubrieron el hecho a pesar de las altas horas de la noche.
Ya que la prensa y más normalistas llegaron al lugar se registró otro ataque armado en el mismo punto, dejando un sado de al menos siete muertos en total, tres de ellos normalistas; esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes.
Ante la aparición de las autoridades, que en un primer momento revictimizaron a los normalistas, comenzaron las primeras investigaciones. Las primeras cifras de los desaparecidos reflejaban al menos 75, días después esta cifra se redujo y permaneció fija hasta 43.
La «verdad histórica»
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso para iniciar con las investigaciones correspondientes; sin embargo, como parte de un acuerdo formalizado entre los familiares de los normalistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y el Estado mexicano surgió el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Dicho grupo realizó investigaciones de forma paralela a las investigaciones de la PGR sobre el caso.
Ante este escenario, las investigaciones de la PGR concluyeron que los estudiantes fueron privados de su libertad, asesinados y calcinados en el basurero del municipio de Cocula en Guerrero. Dicha investigación es conocida como la «Verdad Histórica«, la cual fue reconocida y respaldada por el entonces presidente en turno Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con dicha investigación, los responsables del crimen eran miembros de «Guerreros Unidos«, una organización vinculada al crimen organizado.
A pesar de esta oficialización, miembros del GIEI determinaron que en ella se encontraban múltiples irregularidades y omisiones que restaron veracidad a la investigación.
Un crimen de Estado
Tras el cambio de gobierno en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a una nueva investigación sobre el caso, nombrando a Alejandro Encinas como el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En agosto de 2022, tras mantener una reunión con los padres de los normalistas desaparecidos, Alejandro Encinas confirmó que la desaparición «constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano«.
El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado»
Alejandro Encinas
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 18, 2022
Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) presentó el informe sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y reiteró que fue un CRIMEN DE ESTADO. pic.twitter.com/hLA9TmTCL9
Cabe destacar que un día después de dicho pronunciamiento, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
A Murillo Karam se le detuvo en 2022 y actualmente se enfrenta a investigaciones y juicios penales por delitos como tortura, desaparición forzada, delitos contra la administración de justicia, entre otros… siendo el primer exprocurador en ser detenido por autoridades federales.
A 10 años de Ayotzinapa, ¿qué faltan en las investigaciones?
Desde que la administración oficialista retomó el caso Ayotzinapa, se recuperaron al menos 41 mil documentos para trazar nuevas líneas de investigación.
Hasta noviembre de 2023, en el proceso de judicialización se registran:
- 119 personas detenidas y vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en participación de la desaparición los estudiantes. Entre estas 119 personas destacan 32 integrantes de Guerreros Unidos; Jesús Murillo Karam exprocurador General de la República; Gualberto Ramírez Gutiérrez, exdirector Antisecuestro de la SEIDO y el Ministerio Público adscrito al SEIDO.
- 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): entre los detenidos destaca dos comandantes del 27/o y 41/o Batallón de Infantería, un capitán, un teniente, 10 soldados y un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).
Por otro lado, actualmente se encuentran en prisión:
- Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública local de Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, María de los Ángeles Pineda, expresidenta del DIF Iguala.
- 49 policías municipales (2 de Cocula, 9 de Huitzuco y 38 de Iguala).
- 7 policías estatales, cuadro federales y 3 federales ministeriales.
Cabe destacar que Tomás Zerón, ex director de Agencia de Investigación Criminal se encuentra en Israel y cuenta con órdenes de aprehensión en su contra. Sin embrago su extradición aún no se concreta.
El Ejército mexicano
A pesar de los avances en las investigaciones, así como hechos que demuestran la labor del gobierno federal en la atención al caso, los padres de familia de los estudiantes aún mantienen una exigencia: que el Ejército mexicano entregue los al menos 800 documentos de inteligencia militar que están en su posesión.
Dicha documentación presuntamente alberga transcripciones de conversaciones que se interceptaron la noche de la desaparición en donde se involucra a soldados militares.
Cabe destacar que dichos documentos los identificó el GIEI en su último informe en julio de 2023.
Por otro lado, el presidente López Obrador entregó el pasado ocho de julio un reporte personal a los familiares de los normalistas en donde desglosa en 21 puntos diversas reflexiones, hipótesis, señalamientos.
Dentro de este primer reporte, el mandatario del ejecutivo afirmó que encuentra «un afán de venganza de personas o instancias del extranjero» en contra del Ejército para debilitar a la institución sin fundamentos.
Sin embargo, también afirma que si se encontraba más información que vincule a elementos de las fuerzas armadas no habrá encubrimiento o impunidad».
A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sus familiares aún exigen justicia y mantienen sus posturas con el gobierno federal.
Sin embargo, tras los más recientes encuentros consideran que en el periodo restante del gobierno del presidente no habrá más avances, por lo que continuarán la comunicación y trabajo en la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
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