Tribunal ordena al Ejército conservar información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Un tribunal colegiado ordenó al Ejército no destruir ni ocultar información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 1 de septiembre los padres obtuvieron una suspensión provisional por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, tras haber presentado una demanda de amparo.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el recurso legal ordenó a las Fuerzas Armadas no “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información” relacionada con el caso.
El tribunal colegiado consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”.
Ejército oculta información
El sexto y último informe del GIEI, señala que el Ejército ha “ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia”.
Las autoridades militares han incumplido el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 4 de diciembre de 2018.
En él ordena a todas las dependencias de la administración pública federal que entreguen información para esclarecer el caso Iguala.
El contenido de los documentos en poder de la Sedena “es relevante para entender el contexto criminal de Iguala”. También ayudaría a conocer el paradero de los estudiantes que desaparecieron el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las familias señalaron como responsables de ocultar información a la Sedena, al encargado del Estado Mayor, a la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Así como al director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.
Militares participaron en la desaparición
El pasado 2 de septiembre, The New York Times reveló conversaciones entre militares y narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos. En ellas se evidencia la colusión entre ambos para desaparecer a los normalistas.
Los 23 mil mensajes de texto, declaraciones de testigos y documentos de investigación obtenidos por el diario, concluyen que distintas ramas del gobierno llevaban meses trabajando para la célula criminal.
Entre las revelaciones, se señala un forense ayudaba a los traficantes. Tras el asesinato de los normalistas, estos habrían sido incinerados en un crematorio de la familia del forense, según investigadores.
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