¿El PAN quiere privatizar el Bosque de Chapultepec?

La inmobilaria Trepi busca construir condominios en una zona ambiental protegida

Diputados locales de la Ciudad de México denunciaron presiones por parte del Poder Judicial para cambiar el uso de suelo de una parte del Bosque de Chapultepec, de área verde a zona habitacional.

Este conflicto entre los intereses de la inmobiliaria Trepi y el gobierno capitalino resurgió cuando la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al Pleno el cambio de suelo.

En 1992, el gobierno del Distrito Federal expropió predios en Montes Apalaches 525 y Montes Auvernia 745, en los límites del Bosque de Chapultepec. Además, declaró estas tierras como suelo de conservación y valor ambiental, ya que diversas especies de flora y fauna habitan ahí.

José Manuel Berumen Bautista, propietario de la inmobiliaria Trepi, y su representante Moisés Shehoah Chiver, reclamaron 5 mil hectáreas en Montes Apalaches 525. El gobierno del Distrito Federal rechazó la restitución, sin embargo, en 2004 un juez ordenó la devolución del predio.

Durante estos 20 años, Trepi utilizó distintos recursos para presionar a las autoridades a darle esas tierras. Entre esos amparos, recurrió a Juan Pablo Gómez Fierro, entonces juez de distrito, para intentar tomar 4 mil 830 hectáreas y construir condominios. A principios de este año, Juan Pablo se convirtió en magistrado y renunció a este puesto el pasado 16 de octubre.

Diputados denuncian amenazas del Poder Judicial ante caso del Bosque de Chapultepec

En redes sociales circula un documento donde miembros del PAN solicita «soberanía para aprobar el cambio de uso de suelo materia del juicio». Es decir, que estas hectáreas sean para uso habitacional. Tras ser señalados, los diputados argumentaron que el gobierno de la CDMX nunca pagó la indemnización por la expropiación, ni le dio mantenimiento a esa área.

Por otra parte, en mayo el Poder Judicial solicitó al Congreso de la CDMX realizar el cambio de uso de suelo antes del 15 de octubre. Los legisladores denuncian amenazas, pues según el escrito, si se niegan los separarán de sus cargos de acuerdo al artículo 107 constitucional.