Le dan sentencia a Jair Bolsonaro por más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil, un momento sin precedentes
El Supremo Tribunal Federal de Brasil dio una sentencia este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel. Esto fue por su implicación en un plan para subvertir el orden democrático tras su derrota electoral en 2022.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala del máximo tribunal brasileño lo halló culpable de varios delitos graves. Incluyendo intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal, daños al patrimonio público y atentado contra las instituciones democráticas.
La condena marca un momento sin precedentes en la historia política de Brasil, al tratarse de la primera vez que un exmandatario es sentenciado por intentar alterar el orden constitucional desde el retorno de la democracia en 1985.
¿De qué más fue acusado?
Bolsonaro fue acusado de liderar una red que buscaba impedir la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, promoviendo acciones violentas y coordinadas desde los sectores más radicales de las fuerzas armadas y su propio entorno político. Otros siete colaboradores cercanos, incluidos exministros y altos mandos militares, también fueron condenados por su participación en la trama.
Actualmente bajo arresto domiciliario, Bolsonaro ha negado todas las acusaciones, asegurando que se trata de una persecución política. No obstante, el fallo del STF refuerza la postura de que existió una tentativa organizada y sistemática de desestabilizar las instituciones brasileñas.
La sentencia ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores democráticos dentro y fuera del país la celebran como un triunfo del Estado de derecho, voces conservadoras, especialmente en Estados Unidos, han calificado el juicio como una “caza de brujas”.
Desde el gobierno de Lula, se ha reafirmado el respeto a la independencia judicial y se ha enfatizado que la justicia brasileña “no se dejará intimidar” por presiones externas.
Este fallo representa un punto de inflexión para la democracia en Brasil, en un contexto regional marcado por crecientes tensiones políticas y retrocesos institucionales.
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