La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de su orden del día el proyecto para analizar la constitucionalidad de la reforma del Congreso de Aguascalientes que redujo el plazo legal para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -aborto- de 12 a seis semanas, sin anunciar una nueva fecha para la discusión.
La discusión estaba programada para el 6 de enero, pero la Corte decidió postergar su análisis y retirarlo de la lista de asuntos sin fecha nueva, lo que mantiene la incertidumbre jurídica para mujeres y personas gestantes en esa entidad.
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¿Qué se iba a discutir en la Suprema Corte y por qué se aplazó?
El proyecto buscaba determinar si la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes, que limita el plazo para abortar a seis semanas, contraviene los criterios establecidos por la SCJN sobre derechos reproductivos y acceso a servicios de salud.
En resoluciones previas, la Corte ha sostenido que criminalizar o restringir de manera excesiva el aborto vulnera derechos humanos, especialmente de mujeres y personas gestantes.
Hasta ahora, la SCJN no ha explicado públicamente las razones para retirar el proyecto del orden del día. El aplazamiento deja en pausa una decisión clave que podría impactar la legislación sobre aborto no solo en Aguascalientes, sino en otros estados con normas similares.

Reclamo de la iglesia católica y respuesta de ministro
La discusión se dio en medio de una fuerte crítica de la Iglesia católica, que acusó a la Suprema Corte de intentar abrir la puerta a una despenalización total del aborto, incluso en etapas avanzadas del embarazo.
En diciembre, la Arquidiócesis Primada de México publicó un editorial en el que señaló que el proyecto implicaría un “desprecio por la vida humana” y llamó a los ministros a frenar el debate.
Ante estos señalamientos, el ministro Irving Espinosa Betanzo, autor del proyecto, aclaró que no se pretendía permitir el aborto sin límites, sino invalidar la reducción del plazo aprobada en Aguascalientes por considerarla contraria a la Constitución y a los criterios ya establecidos por la SCJN.
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¿Qué sigue para el caso de Aguascalientes?
Con el aplazamiento, la legislación vigente en el estado permanece sin cambios, manteniendo el límite de seis semanas para abortar. La Suprema Corte deberá reprogramar la discusión en una sesión futura, aunque hasta ahora no hay fecha definida.
Organizaciones defensoras de derechos reproductivos han advertido que la falta de resolución prolonga la incertidumbre jurídica para mujeres y personal médico en la entidad.
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