Al menos ocho comunidades de la sierra de Chihuahua han resistido a la violencia que los obligó a dejar sus territorios; aparentemente los grupos criminales buscan apropiarse del oro de algunas zonas de la región
Desde mediados de junio algunas comunidades de la sierra de Chihuahua se convirtieron en víctimas de grupos criminales; por la violencia que desataron, miles de personas abandonaron su territorio.
«Los Salazar«, un grupo en alianza con el Cártel de Sinaloa, serían los responsables de las jornadas violentas que han afectado directamente a las comunidades de Arechuvio, Chiltepín, San Juan, Palmarito, Barranca, La Finca, El Bosque, Mesa de Cereachi y San José de la Trompa.
En su más reciente mensaje que dirigieron al gobierno, los habitantes de estas comunidades indígenas denuncian que tuvieron que abandonar sus hogares y pertenencias ante los asesinatos, desapariciones, torturas y «castigos inhumanos» a toda la población, incluyendo adultos mayores y menores de edad.
Ante este escenario las comunidades denunciaron que el 17 de junio solicitaron apoyo a policías y militares que rondaban por la zona, pero lo que recibieron fueron risas y burlas.
Tras toparse con la indiferencia de algunas autoridades, entre el 19 y 20 de junio algunos habitantes viajaron a la Ciudad de México para presentar denuncias ante instituciones federales.
De acuerdo con testimonios de los habitantes, «Los Salazar» tendrían un principal objetivo: apropiarse del oro que existe en la región. El diario Proceso informó que incluso pequeñas compañías mineras también se retiraron de la zona.
Operativos de seguridad
Luego de que el desplazamiento masivo y las jornadas de violencia llegaran a más oídos por los propios medios de las comunidades, el gobierno estatal inició operativos de seguridad.
Como resultado de estas acciones, se desplegaron operativos en localidades como El Pilar Moris, La Ciénaga, Mesa de las Tunas, entre otras…
De igual forma, ya hubo aseguramiento de armas, destrucción de dos drones que el grupo criminal usaba para lanzar explosivos sobre las comunidades, el desmantelamiento de siete narcocampamentos, etc…
Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública estatal, informó que como parte de la estrategia para atender la situación se instalarán cuarteles en los municipios de Moris y Uruachi:
Ya no sería sólo una base de operaciones sino un cuartel desde donde podamos desplegar a todas las autoridades, así como lo hicimos en Cerocahui, lo haremos en esta zona para recuperar la paz».
Sin embargo, la presencia de las autoridades en la región incrementó la violencia contra las comunidades que aún resisten en su territorio; incluso se registraron incendios forestales en Moris como respuesta a la presencia de los uniformados y por el desmantelamiento de sus narcolaboratorios.
Además de las jornadas violentas contra los pobladores de estas comunidades, «Los Salazar» también mantienen disputas con otro grupo criminal al menos desde marzo, presuntamente con «La Línea», un grupo armado del Cártel de Juárez que presuntamente se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que tiene dominancia en Moris y Uruachi.
