El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) alertó que la reforma en materia de extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum abre la puerta a la violación de derechos humanos, como las pruebas obtenidas mediante tortura.
Fue el pasado lunes 20 de octubre cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de Extorsión, en medio de los reclamos de justicia por el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, cuyo cuerpo fue hallado en Apatzingán y por el que se han detenido a dos personas, una de ellas indetificada como mando de una organización dedicada a la extorsión.
La organización advirtió, en específico, sobre el contenido del artículo 27 de la reforma sobre extorsión, el cual “podría representar un fuerte retroceso en la protección del debido proceso”.
“La autoridad judicial, para resolver cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta Ley, por considerar que fueron obtenidas con violación de derechos humanos, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas”, indica el artículo que prendió alertas.
De acuerdo con el Centro Prodh, con ese redacción se incorporan previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a los derechos humanos “retomando precedentes de hace más de una década (conocida como la doctrina del ‘nexo atenuado’ o ‘descubrimiento inevitable’)”.
“Esto significa que una prueba obtenida mediante una violación a DDHH, como la tortura, podría ser validada bajo ciertas excepciones”, recalcó la organización que ha participado en defensa de víctimas de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, entre otros, en un mensaje en su cuenta de X.
Agregó que de ser aprobado así, se vulneraría el principio de exclusión absoluta que protege el debido proceso.
“La lucha contra la extorsión no puede ir en detrimento de los derechos fundamentales”, concluyó el Centro Prodh.
