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Se aprueba la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible

La Cámara de Diputados aprueba la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible
Ruido en la Red

Por unanimidad en el Pleno se aprueba la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible

Con 420 votos a favor, la Cámara de Diputados aprueba el dictamen a la minuta para expedir la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.

Esta Ley que consta de 111 artículos tiene como principales objetivos priorizar a la salud, al medio ambiente, al agua y el interés por la niñez en todas las políticas con relación a la alimentación adecuada que contemple el Estado mexicano.

Dentro de esta Ley se establecen diferentes mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre las distintas autoridades de la Federación, entidades federativas, municipios y demás demarcaciones territoriales para garantizar el ejercicio de este derecho.

Más sobre la Ley

Se contempla fomentar la producción, abasto, distribución justa y equitativa y el consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, que no sean dañinos y culturalmente adecuados.

El desperdicio de alimentos es otro tema inmerso, ya que los establecimientos comerciales tendrán prohibido desechar alimentos en condiciones de consumo, además exige a las empresas a reportar el uso de transgénicos en alimentos procesados.

Por otro lado, todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de promover, proteger y respetar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada (dentro de sus competencias y sujetos a los recursos aprobados para estos fines).

Gobierno Federal y Estatal

Respecto al Gobierno Federal se prevé que la Secretaría de Salud recomiende un contenido de canastas normativas en los estados del país, los cuales a su vez determinarán paquetes regionales.

Para esta determinación se contemplan frutas, verduras, productos de origen animal y alimentos de producción local y regional, considerando época del año y provenientes de una producción sostenible y «dietas» tradicionales.

Por otro lado, condiciona a los estados y municipios a facilitar el acceso a tierras por medio de créditos «blandos» que promuevan la producción de cultivos locales, producción agrícola (pequeña y mediana), así como la recuperación de semillas y superar siniestros ambientales.

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