Jaime Bonilla Váldez, exgobernador de Baja California y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso indebido de facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, que nunca se construyó.
Luego de una audiencia de más de 24 horas en Mexicali, el juez Gerardo Anguiano Ceja determinó que existían elementos para continuar con el proceso, luego de tomar en cuenta 18 tomas de prueba recabados en contra el también exsenador.
Además, fijó 6 meses para la investigación complementaria e impuso como medida cautelar el pago de 100 mil pesos, por lo que no irá a la cárcel.
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¿De qué se acusa a Jaime Bonilla?
Al exgobernador de Baja California se le atribuye la participación directa en irregularidades por el caso Next Energy, al señalarlo de dolo, es decir que actuó con conocimiento y voluntad de cometer los ilícitos.
El caso deriva de la denuncia del gobierno de Baja California en contra de Jaime Bonilla y exfuncionarios coludidos, por daño al erario público por la suma de 12 mil millones de pesos, por los compromisos adquiridos con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, que no se terminó al no obtener los permisos necesarios.
En septiembre de 2021, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.
Además, de enfrentar denuncias por peculado y violencia política en razón de género en contra de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
¿Qué declaró el exgobernador Jaime Bonilla?
Ante la prensa, antes de ingresar a la audiencia, declaró «que en ningún momento se mencionó que el gobierno estatal de su periodo había informado sobre la construcción de la planta y que la única encargada de ese tema era la empresa Next Energy».
Además, aseguró que los diputados en turno también tienen supuesta responsabilidad por votar a favor de que se cedieran las partidas federales a la empresa, iniciando con los 123 millones de pesos que posteriormente la banca Afirme retuvo y que finalmente terminaron regresando al Estado.
Jaime Bonilla condenó que los involucrados a los que, refirió, también deberían ser citados. Mencionó sentirse “agraviado” por parte de la administración actual de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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¿Cuál fue la respuesta de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California?
La gobernadora señaló a medios de comunicación, que han “venido trabajando en el tema” y laborando»por el patrimonio de los bajacalifornianos”.
“Se extralimitaron en sus funciones: un contrato en el cual, ustedes saben que el tema de energía es un tema completamente federal, no local. Se hizo una licitación por parte de una autoridad estatal para un tema de energía en el cual no se contaba todavía con los permisos correspondientes, en aquel momento”, dijo la funcionaria.
Ávila Olmeda comentó que en esta caso se comprometían recursos y participaciones federales «por un proyecto que, todavía en ese momento, no contaba con los permisos necesarios y que no era la autoridad competente para firmar una licitación como la que se llevó a cabo con la planta fotovoltaica que no tenía los permisos federales que correspondían en ese momento”, indicó.
