El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) solicitó remitir «urgentemente» la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para que consideren medidas destinadas a apoyar en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen, al considerar que existe evidencia de que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
“En su decisión, publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, indicó el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en un comunicado.
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La decisión fue tomada ante la solicitud e información presentada por organizaciones civiles desde 2009 a 2026, inicialmente por los casos de desapariciones en Coahuila a manos de policías municipales y estatales en los gobiernos de Rubén y Humberto Moreira, y Jorge Torres López; así como en Nayarit, durante la administración de Roberto Sandoval Castañeda y con Édgar Veytia Cambero al frente de la Fiscalía General del Estado, y el de Javier Duarte, sin embargo sea ido alimentando la información hasta el ranchitos Izaguirre de Jalisco, con Pablo Lemus en el cargo. A nivel federal, los casos atraviesan los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Además de la información de grupos civiles, se tomó en cuenta as visitas de representantes de la ONU, las solicitudes de acción urgente presentadas por víctimas y la información presentada por el Estado mexicano en sus respuestas.
El CED sostuvo que toma nota de que la “guerra contra las drogas” a nivel nacional en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido las desapariciones y que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma. “El Comité también subrayó que ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad”.
El mismo órgano resaltó la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas, pero destacó que en algunos de los casos ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia y subrayó que la el artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y del artículo 7 del Estatuto de Roma, sostienen que las desapariciones forzadas también pueden cometerse por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados.
A ello se suma que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de “personas desaparecidas”, pero que aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas; además del continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, así unos 72,000 restos humanos no identificados.
“Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”, indicó.
En virtud del artículo 34 de la Convención, el CED no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Pero debe determinar si ha recibido información detallada y precisar que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia.
El Comité pidió que la Asamblea General de la ONU considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.
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El gobierno de México reclama decisión de la ONU sobre desapariciones
El gobierno de Claudia Sheinbaum calificó de tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones en materia de desapariciones en día pasados.
“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
La Cancillería sostuvo que en el análisis hay un conflicto de interés,
“Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”, sostuvo.
“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, agregó.
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