Amnistía Internacional presentó el informe “Primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum”, en el que advierte que México sigue sumido en una profunda crisis de derechos humanos pese a las acciones emprendidas por el gobierno, las cuales no han logrado resolver los problemas de violencia e impunidad que se venían arrastrado desde el sexenio anterior.
El estudio está basado en cuatro temas que Amnistía Internacional consideró que son importantes para analizar el flagelo de los derechos humanos: reconfiguración institucional, seguridad ciudadana, espacio cívico y violencia contra grupos marginalizados.
Con un análisis del periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, bajo una perspectiva del derecho y los estándares internacionales de derechos humanos, basado en investigaciones anteriores de la organización, así como publicaciones oficiales de organismos internacionales enfocados en derechos humanos.
La publicación de este reporte coincide con la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a un país que registra más de 133 mil personas desaparecidas y enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. Esto ocurre además en medio del rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), al considerar que su análisis “no es muy exacto”.
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Reconfiguración institucional
El reporte de Amnistía Internacional refiere sobre la transformación de varias instituciones públicas que tenían un importante impacto en el disfrute de los derechos humanos, pues estos cambios al Poder Judicial, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al INAI debilitaron la protección de los derechos humanos.
Resultado de la reforma al Poder Judicial, organismos internacionales advirtieron la importancia de que las personas juzgadoras puedieran tomar decisiones sobre los casos de manera independiente e imparcial, basándose en los hechos y de acuerdo con la ley, sin injerencias, presiones o influencias indebidas.
A este hecho se suma que la Guardia Nacional fue integrada a las Fuerzas Armadas y recibió mayores facultades en tareas de seguridad, investigación e incluso control migratorio.
Además, en el reporte se destaca la reelección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un contexto de cuestionamientos a su desempeño, así como la desaparición del INAI, cuyas funciones fueron transferidas a un nuevo organismo sin autonomía que ha rechazado la mayoría de solicitudes ciudadanas de información.
Seguridad ciudadana, figuras jurídicas
En materia de seguridad, Amnistía Internacional advierte que la estrategia enfocada en el uso de fuerzas armadas se ha profundizado, lo que implica riesgos para la población civil.
Este informe documenta casos en los que militares han hecho uso letal de la fuerza, incluyendo ataques contra personas migrantes y civiles, con saldo de personas muertas y heridas.
Además, la crisis de desapariciones continúa sin avances significativos con una cifra de más de 133 mil personas desaparecidas y las familias se ven obligadas a realizar labores de búsqueda por cuenta propia, muchas veces enfrentando riesgos de violencia e incluso asesinatos.
Amnistía Internacional condena el uso de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que permiten privar de la libertad a personas sin una previa evaluación individual de su caso, a pesar de que organismos internacionales han solicitado su eliminación.
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Espacio cívico, protestas y periodistas
El informe “Primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum” detalla que se registraron restricciones al ejercicio del derecho a la protesta, pues autoridades recurrieron a despliegues policiales masivos que derivaron en la dispersión de manifestaciones pacíficas y en detenciones potencialmente arbitrarias, como en las protestas del 8 de marzo de 2025 donde se registraron detenciones posiblemente arbitrarias en Chihuahua, Coahuila e Hidalgo, según informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
También se documenta el uso de prácticas no autorizadas, como el encapsulamiento de manifestantes y el uso de extintores para dispersar protestas; «este tipo de intervención plantea riesgos de seguridad, ya que los extintores no están diseñados para el control de personas, ni sus fabricantes evalúan o recomiendan ese uso», menciona el estudio.
Otro factor que persiste es la vigilancia ilegal contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sin que existan investigaciones efectivas ni sanciones. Además, reformas recientes han ampliado las facultades del Estado para acceder a datos como la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
El informe advierte que periodistas y activistas continúan enfrentando ataques, amenazas y asesinatos, en un contexto de protección insuficiente por parte del Estado.
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Violencia contra grupos marginalizados
Amnistía Internacional subraya que las poblaciones históricamente marginadas siguen enfrentando múltiples formas de violencia y discriminación.
En el caso de las mujeres, persisten los feminicidios y los obstáculos en su investigación, lo que mantiene altos niveles de impunidad. Aunque se han impulsado iniciativas institucionales, las desigualdades estructurales y los estereotipos de género continúan presentes.
En materia de derechos reproductivos, aunque el aborto es legal en la mayoría de las entidades, en la práctica existen problemas para para acceder a este servicio debido a barreras institucionales.
Menciona que las personas LGBTI enfrentan discriminación, violencia cotidiana y crímenes de odio, mientras que pueblos indígenas y afrodescendientes siguen padeciendo racismo estructural y falta de garantías efectivas para ejercer sus derechos, incluyendo la consulta previa sobre decisiones que les afectan.
Recomendaciones, cambios urgentes
Amnistía Internacional propone una serie de recomendaciones urgentes para atender y revertir la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, derivadas de los cambios institucionales y la omisión del respeto a los derechos humanos.
La organización llama a revertir la reforma al Poder Judicial para garantizar que las personas juzgadoras sean seleccionadas bajo criterios técnicos y cuenten con independencia en sus funciones, así como reconstruir el sistema de acceso a la información pública, mediante un organismo autónomo que no esté sujeto a influencias del Poder Ejecutivo.
En materia de seguridad, Amnistía reslta la necesidad de abandonar el enfoque militarizado y establecer un modelo de seguridad civil, con instituciones encargadas de hacer cumplir la ley que operen bajo estándares de derechos humanos. Además, considera que el Estado debe reconocer la magnitud de la crisis de desapariciones, investigar los casos de forma profunda y efectiva y llevar a las personas responsables ante la justicia.
Considera poner énfasis en el sistema de justicia, a fin de fortalecer las fiscalías con recursos suficientes para combatir la impunidad y mejorar sus capacidades de investigación y la urgencia de eliminar figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, al considerar que permiten la privación de la libertad sin garantías suficientes y contravienen estándares internacionales.
En cuanto al espacio cívico, el gobierno debe reconocer y proteger el derecho a la protesta, sin la criminalización de manifestantes. También, considera derogar las reformas que permiten la vigilancia de la población sin controles adecuados, incluyendo la intervención de comunicaciones y la geolocalización de dispositivos sin supervisión judicial efectiva.
En el resporte se estaca la necesidad de proteger de manera efectiva a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo el reconocimiento de las madres buscadoras como defensoras y su incorporación a mecanismos de protección.
Amnistía Internacional urge a reconocer la magnitud del feminicidio y mejorar las investigaciones, garantizar el acceso libre, seguro y gratuito al aborto, y combatir la discriminación contra personas LGBTI mediante políticas efectivas.
El informe subraya la importancia de garantizar los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, para asegurar su participación en decisiones mediante procesos de consulta previa, libre e informada, tanto en la ley como en la práctica.
