A las 19:30 horas del 9 de junio, Yeritza Bautista recibió un correo electrónico del Poder Judicial de la Ciudad de México. En él se le notificaba que el delito de tentativa de feminicidio por el que había sido condenado su agresor, Carlos Enrique Arellano Nava, sería reclasificado como violencia intrafamiliar, una decisión que implicaba su liberación inmediata.
“Sentí que me volvía loca. Creí que no estaba leyendo lo que estaba leyendo, para mí era un panorama irreal. Eso no estaba previsto mínimamente”, recuerda Yeritza en entrevista.
La notificación llegó horas antes de que entrara en vigor el decreto del gobierno de la Ciudad de México para declarar el 11 de junio como día inhábil por la inauguración del Mundial de 2026. Eso impidió a Yeritza reaccionar de inmediato contra la reclasificación.
“Él tuvo más de 24 horas para ser excarcelado y huir. Fue un plan bien armado, porque sabían que las instituciones públicas iban a cerrar sus puertas por el Mundial”, dice.
Desde hace casi un mes, Carlos Enrique está en libertad. Mientras Yeritza teme por su vida, pues la misma resolución le quitó las medidas de protección.
¿Cómo cambió el caso de Yeritza Bautista?
Los magistrados Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Recendy Ramírez y Rafael Inti Castillo Cerrato, de la Cuarta Sala del Poder Judicial de la Ciudad de México, determinaron que no había elementos suficientes para acreditar la tentativa de feminicidio en agravio de Yeritza Bautista.
En su lugar, declararon culpable a Carlos Enrique de violencia familiar y le impusieron una pena de seis años de prisión, la cual consideraron cumplida con el tiempo que permaneció privado de la libertad durante el proceso por tentativa de feminicidio. Por ello, ordenaron su liberación. Todo esto sin notificar previamente a la víctima.
“Estos magistrados no tienen las facultades para una reclasificación de delitos. En todo caso, tuvieron que haber regresado la carpeta a primera instancia (donde un juez o tribunal conoce el caso por primera vez), y ahí, mediante audiencias se lleva el nuevo proceso, ahora por violencia familiar”, explica Yeritza.
Detalla que, aún omitiendo esta irregularidad, la reclasificación tuvo que pasar a la etapa de ejecución, es decir, los magistrados tenían que emitir un oficio en el que se determinara el delito, la sentencia y la reparación del daño, pero esto no pasó.
A Yeritza solo le llegó la notificación de la reclasificación y excarcelación de su agresor. Aunque el oficio sí incluye una serie de decisiones que ponen en riesgo su vida, así como afirmaciones revictimizantes.
“Según la resolución, yo sigo teniendo la calidad de víctima, ahora de violencia familiar, pero omiten mis derechos. La resolución dice que lo que sufrí no fue tan grave y que no amerita medidas de protección, que no tengo derecho a la reparación del daño, que toda la violencia que viví en esa casa es culpa de mi familia, porque no me retiró a tiempo”, cuenta Yeritza.
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Tres juicios para demostrar la tentativa de feminicidio
Organizaciones civiles estiman que solo 0.04% de las víctimas de tentativa de feminicidio logran sentencias condenatorias. El resto de los casos se investiga o juzga como lesiones o violencia familiar. El caso de Yeritza refleja esta realidad.
En 2021, casi un año después de su detención, Carlos Enrique presentó un amparo alegando fallas procesales. Un juez le concedió la garantía y se reinició el juicio, pero volvió a ser vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa.
En septiembre de 2022, una jueza de la Ciudad de México declaró culpable a Carlos Enrique por feminicidio en grado de tentativa y le dictó una sentencia de 11 años y ocho meses de prisión, al ser considerado primer infractor.
A pesar de considerar que era una sentencia mínima, Yertiza decidió no apelar para no tener que vivir el proceso por tercera ocasión. Pero en 2024 Carlos Enrique volvió a presentar un amparo, otra vez por supuestas fallas al debido proceso, logrando la anulación del juicio y de la sentencia.
“Estas fallas procesales que él alegaba eran porque el juicio se llevó a cabo durante la pandemia, así que habían ocasiones en las que entre una audiencia y otra se rebasaban los 10 días que establece el principio de continuidad. Por un día que se rebasara, ya se revocaba todo el juicio”, dice Yeritza.
En marzo de 2025 un juez ratificó la sentencia de 11 años y ocho meses de prisión para Carlos Enrique Arellano Nava por tentativa de feminicidio, es decir, su responsabilidad era acreditada por segunda ocasión. Un mes después, presentó un nuevo amparo, el cual terminó por resolverse el 9 de junio de 2026 con la reclasificación del delito.
“Todas las veces que él presentó amparos, el sistema falló a su favor. La diferencia ahora es que se toma la decisión deliberada de reclasificar el delito para dejarlo libre, como si las dos sentencias condenatorias por tentativa de feminicidio no alcanzaran”, expresa Yeritza.
Sobrevivir a dos intentos de feminicidio
Yeritza Bautista conoció a Carlos Enrique en un despacho de contabilidad donde ambos trabajaban. Desde el inicio de la relación había signos de violencia: su pareja le revisaba el celular, controlaba su vestimenta, la humillaba en público y comenzó a aislarla de sus amigos y familia.
La mujer pasó por alto las agresiones, pues parecían mínimas, hasta que comenzaron a vivir juntos en una casa de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Ahí, Carlos Enrique la amenazaba constantemente con arrojar su cuerpo a la presa de enfrente para que nadie la encontrara. La golpeaba y encerraba en la casa, al mismo tiempo que le quitaba el dinero de su salario.
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En 2020 se suscitaron los dos intentos de feminicidio por parte de Carlos Enrique. El primero fue en una casa de descanso en Cuautepec, Morelos, donde Yeritza fue golpeada en presencia de la familia de su agresor. La llevaron al hospital con exposición de mandíbula, la pérdida de cinco piezas dentales y lesiones graves en una pierna que le impidieron caminar por tres meses, entre otras afectaciones.
Los testigos del ataque dijeron que Yeritza se había caído por estar alcoholizada. El hospital no realizó ninguna prueba o protocolo que acreditara esa versión, así que no levantó ningún reporte por violencia familiar.
Después, intentó ahorcarla en su casa de Ciudad de México. Estaba presente la familia de él y la de Yeritza, quienes llamaron a una patrulla y se lo llevaron detenido.
Seis años después, Yeritza se sigue recuperando de estas agresiones. Vive con secuelas físicas, psicológicas y emocionales, por eso le sorprende que los magistrados hayan considerado que Carlos Enrique ya había pagado por lo que hizo.
La resolución que dejó libre a Carlos Enrique no es menor. Yeritza ha tenido que pausar la rehabilitación física para recuperar el 100% de su movilidad, así como posponer la reconstrucción de su mandíbula.
“Sé de lo que es capaz, él y su familia. O consuma el delito, o se vuelve prófugo de la justicia. Y si él termina con mi vida, nadie de las instituciones podrá decirme que no denuncié, que no dije nada, porque hice todo lo que las leyes nos dicen que hagamos”, reclama Yeritza.
La defensa legal de Yeritza ya presentó un amparo contra la resolución que dejó libre a Carlos Enrique, así como quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Tribunal Disciplinario del Poder Judicial contra los magistrados que reclasificaron el delito.
Hoy, Yeri tiene dos temores: perder la esperanza de lograr justicia y que su agresor la encuentre antes de que su amparo se resuelva.
