Integrantes de la organización Unión y Fuerza Trans Chihuahua realizaron una protesta en el Congreso del estado durante una rueda de prensa convocada por organizaciones antiderechos, con el objetivo de exigir el respeto a los derechos de las personas trans y manifestar su rechazo a los discursos que fomentan la discriminación contra la población de la diversidad sexual.
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¿Qué pasó?
De acuerdo con El Heraldo de Chihuahua, la tensión comenzó mientras representantes de colectivos trans exponían su postura sobre los casos que consideran un uso indebido de la legislación de identidad de género.
Durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado de Chihuahua, integrantes de colectivos trans protagonizaron una protesta para denunciar que, según su versión, algunos hombres han realizado cambios administrativos de identidad de género con el objetivo de obtener beneficios legales en conflictos familiares, una práctica que calificaron como una usurpación de las identidades LGBT+
Sin embargo, fueron interrumpidas por integrantes de Madres Protectoras No Gestantes del Estado de Chihuahua, lo que provocó gritos, reclamos y un intercambio de acusaciones entre ambos grupos. Esta organización está conformada por personas que modificaron su identidad de género en medio de conflictos legales de carácter familiar, como parte de una estrategia impulsada por el abogado Cristian Montenegro, un abierto opositor a las leyes con perspectiva de género.
La confrontación escaló luego de que una de las autodenominadas «madres no gestantes» sostuvo que no poseía denuncias penales en su contra por presunto incumplimiento de la pensión alimenticia, lo que provocó que la presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, Karla Arvizo indicó que poseía pruebas del caso y donde, además, se referían hacia ellas como varones, agregó el medio.
Elementos de seguridad del Congreso intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.
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Presentarán denuncia
Tras el incidente, representantes de los colectivos trans anunciaron que emprenderán acciones legales contra funcionarios y personas que, a su juicio, han contribuido a la difusión de información falsa o discriminatoria sobre la comunidad LGBT+ y sobre los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género.
