Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley planteó que los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrían ser analizados por la Corte Penal Internacional (CPI) como un posible caso de persecución y otros crímenes de lesa humanidad.
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El estudio, publicado el 24 de septiembre por Lindsay Freeman, reúne información sobre asesinatos, desapariciones, espionaje, acoso digital, estigmatización y procesos legales utilizados contra periodistas y defensores durante el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
La investigación sostiene que estos hechos no deberían analizarse únicamente como casos aislados, sino como parte de un posible patrón de ataques contra un grupo de personas que realizaban labores de vigilancia y denuncia sobre corrupción, crimen organizado y abusos de autoridades.
¿Qué encontró Berkeley sobre los ataques contra periodistas en México?
Berkeley identificó 337 personas asesinadas durante el sexenio de López Obrador: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos. De ese universo y de otros hechos de violencia, el equipo investigó y verificó 75 casos concretos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras agresiones físicas graves, que forman parte de una investigación más amplia sobre posibles patrones de persecución.
La investigación también documentó otras formas de presión contra quienes realizaban estas actividades, entre ellas la estigmatización desde las conferencias presidenciales, campañas de acoso en internet, procesos legales considerados abusivos y vigilancia mediante herramientas de espionaje.
De acuerdo con Berkeley, durante esos seis años la impunidad de los delitos cometidos contra este grupo se mantuvo aproximadamente entre 93% y 99%.
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Espionaje con Pegasus y otras herramientas
Uno de los componentes de la investigación está relacionado con el uso de herramientas de vigilancia por parte de instituciones militares.
Berkeley señala que, pese a las declaraciones públicas del entonces presidente López Obrador de que su gobierno no espiaba a periodistas ni críticos, investigaciones forenses documentaron el uso del software Pegasus contra personas periodistas y defensoras durante su administración.
El equipo también rastreó la adquisición y operación de herramientas de vigilancia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), utilizando registros de compras, documentos judiciales y archivos internos de la dependencia obtenidos tras la filtración conocida como Guacamaya Leaks.
La investigación de Berkeley sostiene que el espionaje no debe analizarse de manera aislada, sino junto con otros mecanismos de presión utilizados contra periodistas y defensores.
Otro de los elementos analizados por el equipo de Berkeley fueron las conferencias matutinas “mañaneras” de López Obrador. La investigación sostiene que desde el discurso presidencial se señalaba públicamente a personas críticas y que, en algunos casos, esas expresiones fueron acompañadas posteriormente por campañas de hostigamiento en redes sociales.
Berkeley documentó también redes de cuentas inauténticas vinculadas, según su investigación, con medios estatales, así como el uso de demandas civiles, denuncias penales y otras acciones legales contra personas críticas.
