La lista que publicó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, el pasado 12 de agosto en su programa Derecho de Réplica, «Cuando el eco se disfraza de conversación. Esta es la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México», donde se hizo un supuesto análisis de cuentas de la red social X –antes Twitter– y de un ecosistema digital de derecha, no cuenta con una metodología ni con datos verificables para su realización, según reconoció la propia dependencia.
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“Está demostrado, les podemos demostrar cómo estas cuentas funcionan, y que han venido aumentando. Porque nosotros antes no habíamos diagnosticado 500 mil, bueno, 560 mil, han venido aumentando para poder seguir amplificando las falsas narrativas que se sostienen, y eso se puede ver por el número de publicaciones y las reacciones que tiene, y cómo se comporta esta propia red. Entonces, lo que sí hemos detectado es que se incrementa”, afirmó la funcionaria en el programa del 12 de agosto pasado.
Ruido en la Red consultó con la CJEF sobre la existencia de esta metodología y los datos presentados ese día, pero respondieron que la dependencia no cuenta con esa información.
En respuesta a una solicitud de información para conocer tanto la metodología como los criterios para elegir la muestra de cuentas de esa red social digital y los datos usados para la elaboración de gráficos presentados en dicha emisión del programa, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) respondió que no se cuenta información al respecto.
La solicitud preguntó además por los diagnósticos previos que se usaron como referencia y que la propia Alcalde Luján mencionó durante la presentación del análisis, así como la documentación de referencia para la elaboración del mismo, pero se negó la existencia de los mismos.
Incluso, la organización en defensa del derecho a la información Artículo 19 cuestionó en un comunicado el hecho de que el Gobierno de México haya realizado esta presentación y la falta de transparencia de la metodología desde la difusión del programa el pasado 12 de agosto.
“Mientras se amplíen las facultades del Estado para monitorear el discurso público sin transparencia sobre las metodologías ni sobre la evidencia recabada por parte de sus funcionarios e instituciones, acciones emprendidas como la del pasado 12 de agosto se alejan de objetivos asociados con una sociedad democrática y pueden convertirse en instrumentos que generen efectos inhibitorios o de autocensura en internet”, advirtió la organización en un comunicado.
Un esquema pagado con la intención de desinformar
La lista presentada por Luisa María Alcalde plantea la existencia de un supuesto esquema que contempla las cuentas de X de 54 medios de comunicación y periodistas, 32 funcionarios, exfuncionarios públicos y representantes de partidos de oposición, líderes partidistas y empresarios, así como 38 cuentas de distintas usuarios –aunque la presentación oficial contó sólo 34– , algunos identificados con pseudónimos, entre ellas, varias personas con su nombre y apellidos y otras cuentas que fueron suspendidas semanas después de la presentación.
Entre el primer grupo, formado por medios informativos mencionados que participan de este esquema, se encuentran los diarios El Universal y Reforma, así como canales digitales como Latinus y Código Magenta, y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En el programa del 12 de agosto, Alcalde Luján presentó el análisis, de la que describió como una “red de amplificación digital, que evidentemente está bien coordinada, que tiene diferentes niveles, quiénes participan, cómo participan y qué fenómeno finalmente es el que se da en nuestro país a partir de esta red”.
Además, mencionó algunos elementos que dan cuenta del método que se usó para la observación así como la delimitación de plazos, aunque no se dan detalles ni de las características de las cuentas ni de las cualidades de los mensajes que se publicaron en ese periodo.
“Decirles que este es un análisis que hemos realizado, es una observación de siete meses, desde el 1 de enero al 8 de agosto… el periodo de tiempo en el cual analizamos los diferentes alcances que vamos a presentar aquí: qué se midió, sobre qué universo y con qué alcance. Son estos siete meses, son 98 cuentas semilla, seguidas durante todo el periodo, 4 consultas independientes sobre el mismo universo”, añadió.
En ese periodo, se mostró incluso una línea de tiempo para señalar los temas en torno a los cuales se generó la conversación, y algunas etiquetas o mensajes destacados, pero sin explicar con claridad cuáles son ataques, cuáles mentiras y cuáles desinformación.
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Además, en una respuesta anterior a una solicitud de información vía transparencia, la propia Consejería Jurídica reconoció que el programa que se transmite desde el 3 de junio pasado y que busca supuestamente evidenciar y aclarar las mentiras presentadas en los medios de comunicación carece de una metodología para realizar esta actividad, según reportó Animal Político.
Cuando se presentó el programa, el 3 de junio pasado, Alcalde Luján explicó que la finalidad del espacio era exponer la forma en que se articulan las redes de desinformación y confrontarla a través del uso de datos oficiales.
“Hemos destinado este espacio, Derecho de Réplica, (…) para poder mostrar los datos oficiales que contradicen las narrativas falsas que se difunden muchas veces por los medios de comunicación, ejerciendo nuestro derecho de réplica.
“En años recientes se han desplegado campañas masivas de desinformación, de infodemia, para ir difundiendo noticias falsas. Por eso la importancia de tener este espacio donde se expondrá cómo se articulan las redes de fake news, donde también identificaremos las noticias falsas de interés público y donde combatiremos la infodemia, precisamente ejerciendo este derecho”, señaló entonces la titular de la CJEF.
Sin embargo, en la exposición presentada el 12 de agosto no se mencionó una sola noticia falsa o corroboración de temas, sino que sólo se presentaron algunos temas sobre los mensajes que amplifica la supuesta red analizada. Además, el contenido que presentan se calificó principalmente como ataques, pero también como desinformación y mentira sin que se expusieran casos en que la información no fuera válida.
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No es una responsabilidad del Gobierno, coinciden expertos
En respuesta a esta acción, la organización Artículo 19 externó su preocupación por el uso de recursos públicos en esta presentación, que puede provocar estigmatización a las personas, inhibir la participación en el debate público e infundir miedo a ser “ilegítimamente exhibidas y asediadas” en una tribuna pública como es el programa “Derecho de Réplica”, transmitido en las plataformas oficiales de comunicación gubernamental.
“El hecho de que el Poder Ejecutivo destine recursos públicos, tanto de personal como de tiempo, al monitoreo del debate en internet para calificar la difusión de mensajes críticos como “inorgánica” genera más dudas sobre el propósito que tiene el gobierno al realizar este tipo de acciones”, cuestionó.
En línea con la declaración de Artículo 19, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), comentó que este tipo de observaciones de la discusión pública no corresponden a una tarea del gobierno. Además, cuestionó que esta falta de metodología sea reiterada en distintas actividades del gobierno al dirigirse a los medios de comunicación.
“Carece del marco legal que le permita ese tipo de iniciativa, carece de las metodologías, carece de la institucionalidad y no tiene ninguna validez, solamente demuestra su reticencia y su disgusto a la crítica, al cuestionamiento. Y entonces toman iniciativas que carecen de metodología, carecen de principios, no tienen estructuras; solamente son ocurrencias y lo que sí hacen es restringir, limitar, coartar la libertad de expresión de quienes podrían estar criticando legítimamente”, detalló.
El presidente de la Amedi comparó la acción con la reciente respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar las acreditaciones a sus eventos y conferencias a representantes de tres medios de comunicación que se han mostrado críticos a su administración.
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Por separado, Marcos Bravo, académico de la UNAM especializado en derecho a la información, explicó que es importante que se identifique la presencia de posibles actores que participen en redes de desinformación, y coincidió en que esto no es una labor que corresponda realizar al gobierno, mismo que calificó como un “desbordamiento de la Consejería Jurídica”.
Y enfatizó que este tipo de tareas, en caso de que busquen proteger el derecho a la información de las audiencias, tienen que caer en actores como las defensorías de las audiencias como las que recién se plantearon para los medios como la radio y la televisión.
“Ni la oposición ni el gobierno, nos tenemos que decantar por quién tiene razón o no. Las audiencias siempre son el centro de cualquier acceso a la información pública, ya sea de gobierno o de los medios tradicionales de comunicación. En este sentido, entonces convendría ampliar estas figuras (defensorías de las audiencias) a todos los canales de difusión de información”, sugirió.
