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Agresiones contra defensores aumentaron 25% en el sureste de México: ONG denuncian omisiones del Estado

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violencia contra defensores de derechos humanos en Chiapas
Foto: Especial.
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Organizaciones de la Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes denunciaron la permanencia e intensificación de la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en Chiapas y Veracruz, en un contexto que, aseguran, contrasta con el discurso oficial de “pacificación”.

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De acuerdo con el III Informe del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas, durante 2025 se documentaron 124 agresiones contra personas defensoras, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior.

Las organizaciones señalaron que estos datos confirman que defender derechos humanos en el sureste del país continúa siendo una actividad de alto riesgo.

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Agresiones, amenazas y allanamientos contra organizaciones y defensores

Entre los casos documentados, las organizaciones destacaron el del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, donde sus oficinas fueron allanadas y robadas tres veces en un corto periodo, sin respuesta efectiva de las autoridades.

También denunciaron agresiones contra la defensora Poulette Celene Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien ha enfrentado amenazas, agresiones físicas y hostigamiento en su domicilio.

Asimismo, señalaron el allanamiento a la vivienda de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, pese a contar con medidas cautelares internacionales, lo que consideraron un mensaje directo de intimidación.

Defensoras indígenas y colectivas de búsqueda, entre las más vulnerables

La Red TDT también denunció el caso de la defensora indígena tsotsil Pascuala López López, quien ha sido víctima de amenazas de muerte, ataques armados y desplazamiento forzado.

A ello se suman agresiones contra la colectiva Madres en Resistencia Chiapas, cuyas integrantes han sido golpeadas, amenazadas e intimidadas por fuerzas de seguridad durante manifestaciones.

El nivel de violencia, señalaron, alcanzó su punto más extremo con el asesinato de la joven buscadora Yerli Yaritza, de 18 años De edad, quien fue asesinada mientras buscaba a su padre desaparecido.

Violencia contra buscadores y radios comunitarias en Veracruz

En Veracruz, las organizaciones documentaron al menos cuatro hechos graves de violencia durante 2025. Entre ellos, el asesinato del padre buscador Magdaleno Pérez Santes, integrante del Colectivo de Búsqueda María Herrera.

De acuerdo con denuncias, fue detenido arbitrariamente por policías municipales, golpeado dentro de la comandancia y posteriormente liberado con lesiones graves. Falleció un día después. La Fiscalía estatal confirmó la detención de dos policías por su presunta participación en el homicidio.

También se denunció la censura contra Radio Teocelo, una de las radios comunitarias más longevas del país, que enfrentó acusaciones, persecución judicial y multas durante 2025.

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Denuncian patrón sistemático de violencia

Las organizaciones señalaron que estos hechos forman parte de un patrón sistemático de agresiones, caracterizado por intimidación, vigilancia, difamación y criminalización, con el objetivo de desarticular procesos comunitarios y sembrar miedo.

Además, indicaron que la situación s+e agrava por el contexto de militarización, securitización migratoria e impunidad, lo que ha derivado en estigmatización contra personas defensoras.

Ante este panorama, las organizaciones exigieron:

  • Reconocimiento público de la responsabilidad del Estado
  • Investigaciones inmediatas e independientes
  • Sanción a responsables materiales e intelectuales
  • Medidas de protección integrales
  • Cese de la criminalización
  • Garantías estructurales de no repetición

También hicieron un llamado a organismos internacionales y medios de comunicación a visibilizar la situación, al advertir que defender derechos humanos en el sureste de México sigue implicando arriesgar la vida.

“Mientras defender derechos humanos siga implicando arriesgar la vida, la responsabilidad del Estado seguirá siendo ineludible”, señalaron las organizaciones de la Región Sureste de la Red TDT.

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