Integrantes de colectivas trans denunciaron que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) las agredieron, mientras esperan la entrega de una minuta firmada tras las reuniones que habían sostenido con la titular de la dependencia, Bertha Alcalde.
Mujeres trans se mantenían en protesta, luego de que la fiscalía capitalina imputara a Arturo Felipe por homicidio calificado en contra de Paola Buenrostro y no como transfeminicidio.
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¿Qué pasó en las instalaciones de la fiscalía de CDMX con las colectivas trans?
De acuerdo con la activista Kenya Cuevas, la representante del Ministerio Público no reconoció ni respetó su identidad de género, durante la audiencia inicial tras la detención de presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro.
“Hoy llegaron ante una jueza, diciendo mi nombre masculino, el nombre masculino de Paola y de todas las testigas. No puede ser que esta fiscalía, siendo la representante, cometa estas omisiones”, denunció Kenya Cuevas a medios.
Además, acusó que el delito no fue catalogado como transfeminicidio, sino como homicidio calificado. Esto, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX reconoció el caso como transfeminicidio y emitió una recomendación aceptada por la propia fiscalía capitalina.
Tras ello, integrantes de colectivas trans se manifestaron e ingresaron al interior de la Fiscalía de Feminicidios en la CDMX para exigir respeto a sus identidades de género.
Posteriormente, una comisión de las colectivas se reunió con la titular de la fiscalía, Bertha Alcalde, en la que le exigieron que se respetara la identidad de las mujeres trans, así como que la acusación en contra de Arturo Felipe fuera catalogada como transfeminicidio.
Sin embargo, mientras la reunión se llevaba a cabo, la fiscalía capitalina difundió un comunicado, en el que condenaban la protesta en la Fiscalía de Feminicidios.
En el texto, la fiscalía aseguró que respeta la solicitud de las activistas de que el delito se clasifique como feminicidio, pero que “el proceso se inició por el delito de homicidio conforme al marco jurídico aplicable en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y no existía el delito de transfeminicidio”.
Añadió que “la posibilidad de reclasificar a feminidio en etapas posteriores queda abierta” y que aportará las respectivas pruebas para solicitar al juez reclasificar el delito.
Sobre las manifestaciones, dijo que “ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidaras y servidores públicos ni daños a las instalaciones de la institución”.
El comunicado molestó a las integrantes de las colectivas, quienes exigieron que el documento fuera bajado y una nueva reunión con Alcalde, al considerar que el texto las revictimizaba y exponía su seguridad.
“La Fiscalía emitió un comunicado, nuevamente, revictimizando el legítimo derecho a la protesta. Nada de esto hubiera pasado si hubieran hecho su trabajo desde el principio. No fue un homicidio, fue un feminicidio lo que le ocurrió a Paola Buenrostro”, denunció Victoria Sámano.
Ante la falta de respuesta, las integrantes de las colectivas se manifestaron e intentaron ingresar a las instalaciones de la Policía de Investigación. Sin embargo, fueron agredidas con polvo de extintores y con golpes, según las denuncias. A la par, señalaron que recibieron amenazas de muerte.
La zona fue acordonada por varios elementos policiacos de la Ciudad de México.
El caso de Paola Buenrostro
Paola Buenrostro fue una mujer trans que ejercía el trabajo sexual. Era originaria de Campeche pero vivía en CDMX. La madrugada del 30 de septiembre de 2016 un hombre que contrató sus servicios le quitó la vida. Sólo tenía 25 años.
Paola abordó el automóvil en el que viajaba su transfeminicida Arturo Felipe, a la altura de Puente de Alvarado e Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre sacó un arma de fuego y le disparó tras darse cuenta de su identidad de género.
La activista y amiga de la joven, Kenya Cuevas, presenció la agresión. Ella y demás amigas intentaron salvarle la vida, pero no tuvieron éxito. Desde entonces Cuevas y má activitas trans impulsaron la creación de la Ley para tipificar como delito el transfeminicidio.
Como parte de las acciones para localizar a Arturo, en abril de 2023 la Fiscalía CDMX ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información útil que permitiera dar con su paradero y cumplimentar la orden de aprehensión.
La Policía de Investigación desarrolló distintas líneas de investigación y realizó diligencias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
Además, solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California para descartar posibles ubicaciones.
Finalmente, las investigaciones permitieron concentrar la búsqueda en la colonia El Tráfico, en Nicolás Romero, Estado de México, donde agentes lo localizaron y lo detuvieron.
La aprehensión de Arturo fue cumplimentada el 31 de agosto de 2026 en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, informó la Fiscalía capitalina.
El caso de Paola Buenrostro fue reconocido como el primero como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y posteriormente contribuyó a la creación de la llamada Ley Paola Buenrostro, mediante la cual este delito fue incorporado al Código Penal de la Ciudad de México en 2024.
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