Integrantes de la organización Unión y Fuerza Trans Chihuahua realizaron una protesta en el Congreso del estado durante una rueda de prensa convocada por organizaciones provida, con el objetivo de exigir el respeto a los derechos de las personas trans y manifestar su rechazo a los discursos que fomentan la discriminación contra la población de la diversidad sexual.
Te recomendamos leer: Jaime Bonilla: ‘Le voy a romper su madre a Marina del Pilar’
¿Qué pasó?
De acuerdo con El Heraldo de Chihuahua, la tensión comenzó mientras representantes de colectivos trans exponían su postura sobre los casos que consideran un uso indebido de la legislación de identidad de género.
Durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado de Chihuahua, integrantes de colectivos trans protagonizaron una protesta para denunciar que, según su versión, algunos hombres han realizado cambios administrativos de identidad de género con el objetivo de obtener beneficios legales, una práctica que calificaron como una usurpación de las identidades LGBT+
Sin embargo, fueron interrumpidas por activistas provida, lo que provocó gritos, reclamos y un intercambio de acusaciones entre ambos grupos. Además, algunos presentes comenzaron a realizar actos de discriminación al referirse hacia las mujeres trans con pronombres masculinos.
La confrontación escaló luego de que una de las madres no gestantes afirmó que no poseía denuncias penales en su contra por presunto incumplimiento de la pensión alimenticia, lo que provocó que la presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, Karla Arvizo indicó que poseía pruebas del caso y donde, además, se referían hacia ellas como varones, agregó el medio.
Elementos de seguridad del Congreso intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.
También puedes leer: Organizaciones denuncian fabricación de delitos tras detención del defensor indígena Jesús Plácido Galindo
Presentarán denuncia
Tras el incidente, representantes de los colectivos trans anunciaron que emprenderán acciones legales contra funcionarios y personas que, a su juicio, han contribuido a la difusión de información falsa o discriminatoria sobre la comunidad LGBT+ y sobre los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género.
