La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, tras más de 15 horas de discusión en San Lázaro.
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Reforma pasa a congresos locales
El dictamen modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reducir costos en gobiernos locales, limitar privilegios y establecer topes salariales para funcionarios electorales.
Entre los principales cambios destacan:
- Reducción del número de regidores en ayuntamientos
- Disminución del presupuesto de congresos estatales
- Topes salariales para consejeros y magistrados electorales
- Ajustes en el gasto de organismos electorales locales
La iniciativa fue respaldada por Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra del proyecto.
Tras su aprobación en San Lázaro, la reforma fue enviada a los congresos estatales, donde debe ser avalada por al menos 17 legislaturas locales para convertirse en reforma constitucional.
Tabasco, primer estado en aprobar el Plan B
Horas después de su envío, Tabasco se convirtió en el primer congreso local en aprobar la reforma electoral, dando inicio al proceso de ratificación estatal requerido por la Constitución.
Con esta aprobación, el oficialismo busca acelerar la validación del dictamen en otras entidades gobernadas por Morena y sus aliados, con la intención de que la reforma entre en vigor antes del próximo proceso electoral.
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El debate
La aprobación del Plan B se dio en medio de un debate tenso. La propuesta generó choques entre Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y el Verde.
Mientras Sheinbaum y Morena defendieron la iniciativa como una medida de austeridad y reducción de privilegios, legisladores de oposición advirtieron que los cambios podrían debilitar la estructura electoral del país.
Más adelante, la iniciativa fue aprobada en el Senado de la República, pero en una versión recortada luego de que el Partido del Trabajo (PT) se desmarcara y exigiera eliminar la modificación a la revocación de mandato.
Ahora, el futuro de la reforma dependerá de la rapidez con la que los congresos locales aprueben el dictamen.
