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Fiscalía de SLP detiene a periodistas bajo la “Ley Serrano”; organizaciones denuncian ataque a la libertad de expresión

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detención de periodistas en San Luis Potosí
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La detención de periodistas, comunicadoras y creadores de contenido en San Luis Potosí (SLP) encendió las alertas de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, que acusaron un posible uso arbitrario de reformas al Código Penal estatal conocidas como “Ley Serrano”.

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Denuncian posibles violaciones a la libertad de expresión tras detención de periodistas en SLP

En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité de Protección a Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica expresaron “profunda preocupación” por la situación de libertad de prensa en San Luis Potosí tras las detenciones de Christian Herrera, Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, así como por órdenes de aprehensión contra otras personas vinculadas a medios y redes sociales.

Las organizaciones sostuvieron que las autoridades estatales estarían utilizando delitos relacionados con inteligencia artificial e identidad digital para perseguir voces críticas, periodistas y activistas políticos.

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Además, advirtieron que existe preocupación por órdenes de aprehensión contra al menos otras ocho personas, incluida la periodista Anahí Torres González, directora de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí.

De acuerdo con fuentes citadas en el pronunciamiento, las investigaciones estarían relacionadas con un video difundido en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado señalan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la Guardia Civil Estatal.

Las organizaciones cuestionaron que las autoridades pretendan aplicar reformas aprobadas en noviembre de 2025 a contenidos publicados antes de la entrada en vigor de la norma, lo que podría representar una violación al principio constitucional de irretroactividad de la ley.

Asimismo, señalaron que la utilización del derecho penal en casos vinculados con expresiones digitales debe cumplir criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas.

¿Quiénes son las personas detenidas en San Luis Potosí?

De acuerdo con el comunicado, Christian Herrera, creador de contenido de la página de Facebook Código Rojo en Ciudad Valles, fue detenido el 21 de mayo presuntamente por elementos de la Fiscalía estatal.

Sus familiares denunciaron que la captura ocurrió con violencia física y que posteriormente fue trasladado al penal de “La Pila”, en la capital potosina. Las organizaciones señalaron que hasta el momento existían reportes de incomunicación y falta de claridad sobre los delitos imputados.

En paralelo, la comunicadora Eréndira Reyes Aguillón, directora de la página San Wicho Times, fue detenida afuera de su domicilio por agentes ministeriales.

Según el testimonio recabado por las organizaciones, la periodista estaba acompañada de sus nietos cuando fue arrestada. Horas después, Alejandra Hermosillo —hija de Eréndira y funcionaria municipal del área de comunicación social— también fue detenida.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para ambas.

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¿Qué dijeron las autoridades de SLP?

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que las dos mujeres fueron detenidas mediante una orden de aprehensión girada por un juez de control por el delito “contra la identidad de las personas”.

Según la dependencia, las imputadas habrían utilizado “estructuras visuales, narrativas y gráficas” de una víctima para generar contenidos simulados con apariencia de autenticidad.

La fiscalía argumentó que hubo una posible “manipulación ilícita de imagen e identidad digital” mediante el uso no autorizado de representación visual e identidad pública de una persona.

Además, sostuvo que los hechos pudieron generar afectaciones a la imagen, honor, reputación pública e integridad moral de la persona denunciante.

El organismo aseguró que las detenidas fueron informadas de sus derechos constitucionales y trasladadas al centro de reinserción social correspondiente, donde quedaron a disposición judicial.

Más tarde, la fiscal Manuela María García Cázares confirmó que actualmente existen dos personas detenidas por un caso relacionado con el uso de inteligencia artificial; sin embargo, señaló que hasta el momento la institución no tiene identificado que las personas involucradas sean periodistas.

Mientras que el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió un pronunciamiento en el que reconoció la preocupación generada en el gremio periodístico por las recientes detenciones.

Además, señaló que, tras analizar el caso, no encontró elementos para concluir que los presuntos actos investigados hubieran sido realizados “en el contexto del ejercicio periodístico”. No obstante, aseguró que dará “seguimiento puntual” a cualquier situación que pudiera limitar la actividad periodística en la entidad.

¿En qué cosiste la “Ley Serrano”?

Uno de los puntos centrales de la controversia es el artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, reforma conocida públicamente como “Ley Serrano”.

La modificación fue impulsada por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, exfuncionario y operador político ligado históricamente al grupo político de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, antes Distroto Federal, en donde fue secretario de Gobierno .

La reforma incorporó sanciones relacionadas con la manipulación de identidad mediante inteligencia artificial, incluyendo el uso no autorizado de imagen, voz o contenido digital generado con herramientas tecnológicas.

Organizaciones defensoras de derechos digitales y libertad de expresión advirtieron desde su aprobación que la redacción de los delitos era amplia y ambigua, lo que podría facilitar investigaciones contra periodistas, activistas, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.

Artículo 19 sostuvo que este tipo de normas pueden derivar en mecanismos de censura y criminalización si no existen criterios claros para distinguir entre desinformación, sátira, crítica política o contenidos de interés público.

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