El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco confirmó que el proceso de recolección de firmas para solicitar un plebiscito contra el uso obligatorio de la tarjeta “La Única” en el transporte público concluyó con más del 175% del apoyo requerido, por lo que ahora iniciará la verificación formal de la solicitud, conforme a la ley.
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Rebasan el mínimo de firmas requeridas contra tarjeta para uso de transporte público en Jalisco
De acuerdo con la plataforma oficial FírmaLe del IEPC Jalisco, la solicitud ciudadana identificada con la consigna #NoAlTarjetazo logró superar las 5 mil firmas de apoyo, rebasando ampliamente el umbral mínimo exigido para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.
Sin embargo, el organismo electoral precisó que alcanzar el número de firmas no garantiza automáticamente la procedencia del plebiscito, ya que primero deberá revisarse que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la legislación estatal.
Entre ellos está la verificación de que las firmas correspondan a ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal, así como detectar posibles duplicidades o inconsistencias.
IEPC verificará legalidad antes de avanzar
El IEPC detalló que las firmas recabadas serán validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), proceso en el que se revisará la autenticidad de los apoyos ciudadanos y el cumplimiento de criterios legales, técnicos y administrativos.
Una vez concluida esta etapa, el instituto determinará si el plebiscito contra el uso de la tarjeta bancaria “La Única” puede avanzar a la siguiente fase o si existen inconsistencias que impidan su continuación.
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¿Por qué se pide el plebiscito?
La solicitud ciudadana busca someter a consulta pública la decisión de utilizar una tarjeta bancarizada como medio obligatorio de pago en el transporte público de Jalisco para recibir el subsidio de 3 pesos al pasaje general y de 9 pesos al de estudiantes, medida que ha generado críticas por posibles afectaciones a personas sin acceso a servicios financieros, adultos mayores y sectores vulnerables.
Diversos colectivos han señalado que el esquema podría excluir a usuarios que dependen del efectivo o que no cuentan con cuentas bancarias y que no entreguen datos personales a Broxel; además de cuestionar la falta de socialización previa de la medida y la falta de transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones por parte del gobierno.