Relatores especiales de Naciones Unidas exigieron al Estado mexicano esclarecer el asesinato del líder limonero y defensor de derechos humanos Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en octubre de 2025 en Apatzingán, Michoacán.
En la comunicación oficial enviada, especialistas en la situación de personas defensoras, ejecuciones extrajudiciales y libertad de reunión solicitaron información puntual sobre las investigaciones, las medidas de protección otorgadas y las acciones para garantizar la seguridad de quienes defienden derechos en la región.
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ONU advierte posible vínculo entre crimen y la labor de Bernardo Bravo Manríquez
A través del documento, los expertos internacionales manifestaron preocupación por un posible vínculo directo entre el homicidio y la labor de Bravo Manríquez en defensa de productores citrícolas frente a la violencia y la extorsión del crimen organizado en Tierra Caliente.
El dirigente presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y promovía el llamado “Tianguis Limonero”, un esquema de venta directa para evitar intermediarios ilegales y presiones sobre los precios del producto.
De acuerdo con la información recibida por la ONU, el defensor había solicitado medidas de protección ante amenazas. Aunque inicialmente le fueron otorgadas, estas habrían sido reducidas meses después. En febrero de 2025 denunció riesgos contra el tianguis, lo que llevó al cierre temporal del espacio.
El 19 de octubre de ese año, Bravo Manríquez fue visto por última vez tras trasladarse a Apatzingán. Un día después, su cuerpo fue localizado dentro de su vehículo en una carretera cercana, con heridas de arma de fuego y signos de violencia. La Fiscalía estatal abrió una investigación por homicidio calificado y reportó la detención de un presunto implicado.
Señalan fallas en protección e investigación
Los relatores señalaron que la investigación podría no estar considerando plenamente su actividad como defensor de derechos humanos, por lo que subrayaron la necesidad de que la investigación sea pronta, independiente y exhaustiva, conforme al Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas.
Asimismo, recordaron que México se mantiene entre los países con mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
En la comunicación, la ONU pidió al Estado mexicano informar sobre el avance de las indagatorias y las razones para reducir las medidas de protección.
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Piden evitar impunidad y proteger a defensores
El organismo internacional también instó al Gobierno mexicano a adoptar medidas efectivas para prevenir nuevas agresiones contra líderes sociales y personas defensoras en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
El caso de Bernardo Bravo se enmarca en el contexto de violencia que afecta al sector agrícola de Michoacán, donde productores han denunciado extorsiones, control de precios y amenazas por parte de grupos criminales.
