Una familia y un escolta fueron detenidos en Metepec, Estado de México, por su posible participación en una red de extorsión que se dedicaba a la suplantación de identidades de funcionarios públicos, desde 2021.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los implicados se hacían pasar por ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos federales y estatales para contactar a sus víctimas y obtener recursos, incluso mediante amenazas y extorsiones.
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¿Quiénes son los detenidos por suplantar funcionarios públicos?
La dependencia informó que se detuvo en el Estado de México a Luis, Liliana (esposa), Luis Samuel (hijo), Aimee de Guadalupe (hija) y Agustín Arturo (escolta), pues se les acusa por el presunto delito de extorsión por suplantación de identidad.
En el comunicado, la SSCP señaló que Luis fungió como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán del 2012 al 2013, además de otros cargos dentro de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, lo cual le permitió conocer la operación de la estructura político-administrativas, tanto de Michoacán de otras entidades y del gobierno federal.
Esta misma persona cuenta con antecedentes penales por peculado y anteriormente fue inhabilitado en el estado de Michoacán. Luis estableció su centro de operación en una residencia ubicada al interior del fraccionamiento “La Providencia” en el municipio de Metepec.
¿Cómo operaba esta red familiar de suplantación de identidad?
La SSCP informó que la forma de operar de este grupo era ganar la confianza de las víctimas que eran políticos, funcionarios públicos o empresarios, los contactaban por medio de mensajes de texto o llamadas y obtenían datos confidenciales personales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como relacionados con la operación política o económica, los cuales posteriormente utilizaban para suplantarlos.
Para generar confianza se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o actor político-económico de alto nivel, a fin de actualizar agendas o gestionar una comunicación, cuando las víctimas eran contactadas les decían «tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo” en casos como agilizar pagos, la contratación de alguna persona o adquirir servicios con alguna persona física o moral.
Durante la conversación utilizaban frases o lenguaje característico del funcionario por lo que las personas no sospechaban, el número telefónico utilizado para contactar a las víctimas y su círculo cercano, contaba con imagen de perfil, ícono o registro de llamada, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas.
Además, de que usaban inteligencia artificial para generar la voz de la supuesta persona que daba la orden y la enviaban a a través de mensajes de texto o voz en conversaciones que después eran compartidas a sus víctimas.
Cuando recurrían a las exigencias económicas debían ser entregadas en efectivo y si era por otro medio digital utilizaba una moral dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee. Parte de esos recursos ilícitos fueron utilizados para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
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¿Qué pasó con los detenidos?
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el operativo se localizaron diversos equipos telefónicos que los detenidos intentaron ocultar durante el cateo, así como varias tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama, los cuales fueron asegurados por la Fiscalía del Estado de México.
La Fiscalía del Estado de México determinó que Luis, así como Liliana, Luis Samuel, Aimee de Gudalupe y Agustín Arturo, participaron en estos actos extorsivos mediante la suplantación de identidad, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial del Estado de México, quien el pasado 6 de octubre los vinculó a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.
