La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá pagar 103,073,347 pesos a Televisa, como compensación por el pago de intereses indebidos realizados entre 1998 y 2004.
El día de ayer 2 de marzo de 2026, por mayoría de votos, el Pleno de la SCJN desechó el recurso interpuesto por la SHCP contra una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado que amparó a Televisa para que le fueran devueltos los impuestos que pagó durante los ejercicios de 1998, 1999, 2003 y 2004.
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¿Qué fue lo que determinó la Corte en favor de Televisa?
Con 6 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Corte aprobó la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, en el cual se eliminó el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Hacienda. El ministro manifestó que la sentencia del Tribunal Colegiado no efectuó pronunciamiento de constitucionalidad alguno.
Con ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que pagar 103 millones 73 mil 347 pesos por concepto de intereses de impuestos indebidos en los ejercicios fiscales de 1998 a 2004.
Los ministros declararon que el recurso de revisión emitido por la SHCP contra el amparo de Televisa, no implica realizar un análisis de constitucionalidad que justifique la intervención del Máximo Tribunal, por lo tanto la dependencia no está legitimada para tramitarlo y, por ello, decidieron desecharlo.
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¿Cuáles fueron los posicionamientos de los ministros?
Las ministras Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Arístides Rodrigo Guerrero García se manifestaron en contra de la propuesta.
Lenia Batres Guadarrama comentó que el asunto no debía desecharse y tendría que estudiarse a profundidad, «mientras la ley no sea precisa, debemos establecer los criterios que correspondan, lo cual se logra analizando el fondo. Existen ejemplos claros, en los que la Suprema Corte ha considerado ciertos temas, como constitucionales y otros similares no”.
Consideró que se debe de revisar la determinación, pues dijo que»no se trata de que los particulares paguen, cuando no tienen por qué hacerlo, sino de evitar condonaciones, que en la práctica se realizan bajo el pretexto, o bajo la justificación, de formalismos, cuando en la historia de esta Corte, no existe precedente de esa pulcritud, insisto», agregó.
