La defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández fue víctima de una agresión física y amenazas de muerte en el municipio de Tonalá, Chiapas, en hechos ocurridos el 7 y 8 de febrero de 2026. Organizaciones alertaron sobre un riesgo inminente contra su vida e integridad y exigieron a las autoridades medidas urgentes de protección.
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De acuerdo con la alerta emitida por el Congreso Nacional Indígena —bajo el código CDHDO-MEX-01-2026—, los ataques evidencian un patrón de hostigamiento que ha escalado en los últimos días en la región Istmo-Costa del estado.
¿Qué le pasó a la activista Poulette Celene Herńández?
Según la documentación del centro de derechos humanos, el 8 de febrero de 2026 alrededor de las 17:00 horas, tres personas —dos mujeres y un hombre— acudieron al domicilio de la defensora en la colonia Democrática Chiapaneca, en Tonalá.
Ahí, las personas exigieron que saliera del inmueble, posteriormente comenzaron a insultarla, amenazarla y agredirla físicamente, en un ataque directo contra su integridad.
Un día antes, el 7 de febrero aproximadamente a las 22:00 horas, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron al exterior de su vivienda solicitando hablar con ella. Al notar la presencia de otras personas dentro del domicilio, se retiraron, pero advirtieron que regresarían, lo que fue considerado un acto previo de intimidación.
Por estos hechos existe una denuncia penal registrada con el número 070-2026, radicada en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Región Istmo-Costa.
¿Quién es Poulette Celene Hernández?
Poulette Celene Hernández es abogada y defensora de derechos humanos. Coordina trabajo con mujeres en la región Costa de Chiapas, acompañando a víctimas de violencia y fortaleciendo procesos de formación en derechos humanos de las mujeres, salud comunitaria y agroecología.
Su labor se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad y riesgo para personas defensoras. En días recientes, en la región se han denunciado intentos de despojo vinculados al Corredor Interoceánico, así como presunta colusión entre grupos delictivos y autoridades locales.
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Organizaciones exigen medidas de protección
Ante la gravedad de los hechos, organizaciones defensoras expresaron su preocupación por las agresiones y amenazas sufridas por la defensora. Asimismo exigieron a las autoridades mexicanas:
- Adoptar medidas de protección urgentes, efectivas y concertadas con la defensora, garantizando su vida, integridad física y seguridad.
- Implementar medidas de seguridad en su domicilio y entorno, incluyendo vigilancia preventiva y mecanismos de reacción inmediata.
- Investigar los hechos con debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado para personas defensoras, asegurando la judicialización del expediente 070-2026 y la sanción a los responsables.
- Reconocer públicamente la labor legítima de defensa de derechos humanos realizada por la víctima y abstenerse de cualquier acto de criminalización o estigmatización.
- Coordinar acciones con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal.
Las organizaciones señalaron que la situación representa un riesgo inminente, por lo que pidieron atención inmediata en este caso.
