Hace seis meses, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli reveló que el padre de su hija le había negado un permiso de viaje para que la menor pudiera acompañarla en sus giras. La declaración causó tanto impacto que en México comenzó a gestarse una iniciativa con su nombre: la Ley Cazzu.
“Necesito un permiso para viajar con mi hija… ya va a pasar más de un año y no lo tengo”, relató la cantante en el podcast Se Regalan Dudas, en septiembre de 2025. Hasta la fecha se desconoce si el permiso ya fue otorgado.
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Las declaraciones de Cazzu surgieron en medio de cuestionamientos sobre la paternidad de Christian Nodal: desde una supuesta pensión alimenticia injusta, hasta la falta de interés para viajar a Argentina a convivir con su hija.
Aunque la iniciativa parte de un caso mediático, el problema es mucho más amplio. En México, alrededor de 30 millones de infancias crecen con un padre ausente y deudor alimentario. Sin embargo, no todos los casos llegan a tribunales ni todos obtienen una resolución favorable.
¿Qué es la Ley Cazzu?
La propuesta se presentó en el Congreso de Michoacán por la diputada local Sandra Arreola Ruiz (PVEM), y plantea reformar el artículo 4° de la Constitución Política para garantizar el derecho a la movilidad de las infancias cuando exista abandono parental.
De acuerdo con la iniciativa, la Ley Cazzu busca establecer mecanismos ágiles para que quien tenga la guarda y custodia de un menor pueda autorizar viajes al extranjero, en caso de que el otro progenitor haya incumplido de forma reiterada sus obligaciones de crianza y manutención.
“Cuando esta negativa se utiliza para presionar, controlar o castigar a la madre ya no estamos frente a un simple trámite administrativo, estamos frente a una forma de violencia que termina afectando directamente a las niñas y niños”, expresó la diputada en tribuna.
El riesgo de legislar desde lo viral
Aunque la Ley Cazzu busca atender una problemática real, también ha encendido alertas. Leslie Jiménez, maestra en Derecho y especializada en Derecho Penal con perspectiva de género, considera que este caso deriva de la violencia vicaria, que en México es un delito.
“Este tipo de dinámicas se desprende de la violencia vicaria, que no solo implica una manipulación hacia los hijos, sino que se utilizan medios o instituciones para prejuzgar a la madre con la intención de que no pueda llevar a su hija al trabajo”, explica Jiménez.
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La abogada sostiene que uno de los principales riesgos de la Ley Cazzu es que no todos los casos de violencia vicaria pasan por un trámite como el pasaporte, es decir, son casos particulares, pues el principal interés en los juzgados familiares suele ser por la pensión alimenticia.
Además, mientras exista un proceso legal de guarda y custodia, las infancias no pueden salir del país, independientemente de la voluntad de uno de los progenitores, por lo que la Ley Cazzu no podría aplicarse en esos casos.
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“El gran problema es que estas iniciativas suelen construirse a partir de casos virales. La misma Cazzu ha reconocido que ella es una mujer con muchos privilegios, su realidad es muy diferente a la de muchas madres”, refiere la abogada.
En este sentido, Leslie Jiménez considera que el tema del pasaporte o cualquier otro trámite para el reconocimiento de identidad de los menores debe garantizarse dentro de la Ley Vicaria, no por separado, para evitar revictimización o lagunas legales que impidan su cumplimiento.
