El 94% de las y los trabajadores del campo no cuentan con contrato laboral, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Actualmente el 78.9% de los trabajadoras y los trabajadores del campo que emigran de México a Estados Unidos trabajan en condiciones de informalidad, Según la Secretaría de Economía.
Las personas trabajadoras agrícolas migrantes se enfrentan a una serie de abusos e irregularidades que les afectan debido al incumplimiento de la ley.
De acuerdo con Proyecto PERIPLO, conocer las condiciones laborales en las que se producen los alimentos es fundamental para tomar decisiones informadas.
Asimismo esto hace que los consumidores apoyen los procesos responsables, así como respetuosos de los derechos humanos y el medioambiente.
Trabajadores del campo no tienen contrato laboral
Las personas trabajadoras agrícolas no cuentan con seguridad social y prestaciones laborales básicas.
Tan sólo en 2020, el 94% de los y las empleadas no contaban con un contrato laboral, señalan datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
La falta de derechos laborales de todas las personas involucradas en las cadenas de valor de los productos agrícolas tiene que ver con el incumplimiento de las condiciones que les prometen las agencias que reclutan a las jornaleras.
Asimismo, tienen responsabilidad las empresas que compran los productos agrícolas, y la Secretaría de Gobernación que no continúa las inspecciones laborales.
Jornaleros no reciben el salario mínimo
En México el primero de enero del 2024 entró en vigor el salario mínimo para las personas jornaleras, que es de ocho mil 442 pesos mensuales para casi todo el territorio nacional. Mientras que en la zona libre de la frontera norte es de 11 mil 246.
Aun así, de acuerdo con Data México, el pago promedio para las y los jornaleros, por 5.3 días laborables y alrededor de 37 horas semanales de trabajo, es de tres mil pesos mensuales.
¿Cómo pueden ayudar los consumidores?
De acuerdo con la campaña llamada “Voltea al campo», de Proyecto PERIPLO, las personas consumidoras pueden solicitar a las empresas datos sobre sus procesos de producción.
Esto con el objetivo de impulsar compromisos en el sector público y privado que construyan un campo más justo.
Conocer las condiciones laborales en las que se producen los alimentos es fundamental para tomar decisiones informadas y apoyar procesos responsables, así como respetuosos de los derechos humanos y el medioambiente”.
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