A casi un año de la tragedia ocurrida durante el festival AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario —en el que perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles, el proceso penal aún no inicia y no hay responsables sancionados. La familia de Miguel denunció que una de las empresas imputadas ha impulsado una estrategia jurídica para impedir que el caso avance ante un juez.
Te recomendamos: ‘Que la vergüenza alcance a los deudores alimentarios’: la lucha de Diana Luz y la Ley Sabina
¿Qué empresa ha frenado el proceso penal por el caso AXE Ceremonia?
De acuerdo con la representación legal, la empresa administradora del Parque Bicentenario —Operadora Eclectic— ha promovido alrededor de 15 juicios de amparo, de los cuales al menos 13 han tenido como objetivo evitar la realización de la audiencia inicial, paso clave para que una autoridad judicial analice las imputaciones por homicidio culposo en agravio de las víctimas.
Recordó que como resultado de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDM) ha otorgado la calidad de imputadas a tres empresas vinculadas con la organización del evento, así como a ocho personas físicas relacionadas con la logística y la seguridad. Sin embargo, acusó que mientras no se celebre la audiencia inicial, el caso no puede ser presentado formalmente ante un juez ni avanzar en la determinación de responsabilidades.
La familia también señaló posibles coincidencias en argumentos y tiempos de presentación de recursos legales entre la defensa de la empresa señalada y asesores jurídicos de la familia de Berenice Giles, lo que —advirtieron— ha contribuido a que el proceso permanezca estancado.
Además, denunciaron falta de respuesta de autoridades capitalinas ante la posibilidad de un conflicto de interés relacionado con funcionarios públicos y exigieron transparencia y rendición de cuentas para garantizar el avance de la investigación.
Presentan iniciativa “Ley Miguel” para proteger a periodistas
Tras la denuncia, familiares y representantes legales anunciaron la propuesta legislativa denominada “Ley Miguel” para la Protección del Trabajo Periodístico, inspirada en la memoria de las víctimas.
La iniciativa plantea establecer obligaciones para garantizar seguridad social y cobertura médica a periodistas, así como protocolos específicos de seguridad en eventos masivos, que incluyan evaluación de riesgos, zonas seguras y rutas de evacuación.
Te recomendamos: Colecta para Cuba desata choque diplomático: embajador de EU critica llamado de AMLO y Cuba responde
También busca fijar responsabilidades claras para empresas organizadoras y promotoras de espectáculos públicos, con el fin de evitar que puedan evadir su deber de garantizar condiciones seguras para trabajadores de prensa y asistentes.
La propuesta contempla reformas a leyes locales en materia de protección civil y espectáculos públicos en la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir tragedias similares y fortalecer la protección de quienes realizan labores informativas en coberturas de alto riesgo.
A un año de los hechos, la exigencia de la familia se mantiene: que el caso llegue ante un juez y se sancione a los responsables.
